A tres años de la firma del Acuerdo Final ⸺renegociado tras los resultados adversos del plebiscito⸺ cabe la pregunta acerca de cuál es su legado para la historia presente y futura de nuestro país, más allá del final de la confrontación armada con las FARC-EP, la dejación de armas por parte de esa guerrilla y el muy complejo y difícil proceso de reincorporación integral, el cual es en sí mismo un objeto particular de estudio que escapa a las consideraciones del presente texto.
Sobre las tendencias y los rasgos de la implementación
Si el análisis se circunscribe a la implementación del Acuerdo de paz, es constatable que los logros se encuentran muy distantes del espíritu y la letra de lo convenido por las partes, en la medida que sus contenidos reformistas en los aspectos esenciales no han sido objeto de ejecución, como es el caso de la medidas y acciones para la reforma rural integral, la apertura democrática y la participación política, y las garantías de seguridad; o han sido sustancialmente alterados, según se comprueba en los ejemplos de la solución al problema de las drogas ilícitas, y del sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición, con particular énfasis en la jurisdicción especial para la paz; además del desconocimiento material de los propósitos de traducir los contenidos del Acuerdo a procesos de planeación y diseños de políticas públicas en diferentes niveles y escalas.
Las primeras imágenes de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, luego de las últimas marchas guerrilleras, evidenciaron ya algunos de los rasgos que iría asumiendo el proceso de implementación: la irreversible y tozuda decisión guerrillera de cumplir con lo acordado, acompañada del cumplimiento parcial y selectivo, o incluso de la tendencia al incumplimiento por parte del Estado (que por cierto nunca ha asumido en y a través de todos los poderes públicos el compromiso pleno con lo pactado), así como de una organización institucional que, además de mostrar resistencias y precariedad, ha puesto de presente los límites de una organización del poder y la dominación dispuesta históricamente para preservarse, hacer la guerra e imponer el "modelo económico", y no precisamente para transitar la senda de la construcción de una paz estable y duradera.
A lo largo de estos tres años, esas imágenes se han venido reproduciendo de variadas maneras; han cambiado las escenas, también muchos de los actores, pero los rasgos esenciales de la implementación se han mantenido, como se observado durante el tiempo ya transcurrido del gobierno de Iván Duque. En el entretanto, al carácter complejo, contradictorio, desigual y diferenciado de la implementación, se le agregan las pretensiones gubernamentales de consumar la tendencia a la perfidia, y la simulación, recurso éste último al que ha apelado el actual gobierno ante la imposibilidad política ⸺por carecer de capacidad y fuerza para ello⸺ de hacer trizas y desconocer abiertamente lo acordado.
Simular es "representar una cosa fingiendo e imitando lo que no es"; es el verbo más adecuado para caracterizar la acción gubernamental respecto de la implementación del Acuerdo de paz. No se trata de una calificación caprichosa; es el resultado del análisis riguroso de la particular interpretación y simplificación del Acuerdo de paz en el documento del gobierno de Duque "Paz con legalidad"1, del Plan de Inversiones para la Paz, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, y de las disposiciones presupuestales para el año 20202.
El Acuerdo de paz representa un programa político reformista, el cual ⸺sin lograr recoger el conjunto de las demandas actuales de la sociedad colombiana⸺ es contentivo de aspiraciones democratizadoras y modernizantes del orden social, en su gran mayoría aplazadas históricamente, que de llevarse a cabo podrían abrir un arco hacia transformaciones más profundas.
Si el análisis se circunscribiera al estado general de la implementación y a las pretensiones del gobierno actual frente al Acuerdo de paz, por mero ejercicio de contraste entre lo convenido y lo que se ha realizado, se podría llegar rápidamente a la conclusión de que se está frente a un proceso que ha sido mutilado y que va camino de representar un nuevo esfuerzo colectivo infructuoso por avanzar hacia propósitos democratizadores de la sociedad colombiana; al tiempo que ⸺desde la perspectiva de las clases dominantes⸺ se ha cumplido una de sus mayores aspiraciones: el "desarme" de las FARC-EP.
Empero, si el Acuerdo de paz se sitúa en el contexto histórico-concreto, es posible afirmar que aún nos encontramos frente a una relativa indefinición respecto de la tendencia definitiva, la cual no sólo no parece resolverse en lo inmediato, sino que está marcada por el nudo de conflictos y contradicciones inherentes al orden social y por el curso mismo de las luchas sociales y de clase.
Desde esa perspectiva el Acuerdo de paz representa un programa político reformista, el cual ⸺sin lograr recoger el conjunto de las demandas actuales de la sociedad colombiana⸺ es contentivo de aspiraciones democratizadoras y modernizantes del orden social, en su gran mayoría aplazadas históricamente, que de llevarse a cabo podrían abrir un arco hacia transformaciones más profundas.
Se trata esencialmente, primero, de la habilitación de condiciones materiales para el bienestar y el buen vivir de la población rural (particularmente del campesinado y también de los pueblos étnicos), a fin de reducir el patrón de desigualdad existente entre la sociedad urbana y la sociedad rural, y de establecer límites al régimen económico derivado de la concentración extrema de la propiedad sobre la tierra.
El Acuerdo de paz llegó para quedarse. Pero debe reconocerse que le faltan más "dolientes", liderazgos y, sobre todo, aprehensión social. Más que un texto, es un hecho político que ⸺pese a su precaria implementación⸺ ha incidido sobre la tendencia general del proceso político y puede conducir a una inflexión hacia la construcción de la paz verdadera con justicia social; ha producido fisuras en el régimen de dominación de clase y habilitado mejores condiciones para las luchas, aún no suficientemente perceptibles.
Segundo, de afectar las economías ilegales, particularmente el narcotráfico, a partir de su entendimiento como negocio corporativo transnacional, y por cuenta de soluciones socioeconómicas para los cultivadores de la mata de coca, del tratamiento de salud pública al consumo y de la persecución al lavado de activos.
Tercero, de proveer nuevas condiciones de reproducción del sistema político y representación, así como del reconocimiento de modalidades de la acción política que trascienden el escenario meramente electoral, a fin de avanzar en propósitos de apertura democrática y participación política que, además de superar la exclusión secular, permitan dejar atrás las configuraciones clientelistas, criminales y corruptas del régimen político.
Cuarto, de contribuir al reconocimiento de los derechos integrales de las víctimas del conflicto con énfasis en el esclarecimiento de la verdad, lo cual implica la apertura de un compás de disputa por la historia y de identificación de las múltiples responsabilidades, más allá de las que le son imputables al accionar guerrillero, esto es, de aquellas de alcance sistémico, o en cabeza del Estado y de sus agentes, o de los poderes económicos, en sus diversas expresiones.
Y, quinto, de la superación de las condiciones del ejercicio estructural de la violencia, particularmente a través de la violencia política extrema, constituida en modalidad privilegiada de la reproducción del régimen de dominación de clase, para de esa manera imponer una regulación del conflicto de clase por la vía exclusivamente política.
Sobre las contradicciones del presente
Esas calidades del Acuerdo de paz, concebidas desde un principio de integralidad y mutua interrelación, explican los tipos de contradicciones principales que se han observado en la fase inicial de la implementación, es decir, en estos tres primeros años. Por tratarse de componentes que tienden a modificar las condiciones estructurantes de la organización del poder y la dominación de clase, han activado todo tipo de resistencias sistémicas, que incluyen la exacerbación de la violencia política, como se manifiesta en el asesinato sistemático de mujeres y hombres líderes sociales y de exintegrantes de las FARC-EP.
En ese sentido, la primera contradicción, que es predominante, se expresa en su forma más general y abstracta, entre aquellos sectores contrarios a cualquier afectación de las señaladas condiciones de estructuración del poder, que consideran el Acuerdo como una amenaza sistémica, por una parte, y aquellos que aprecian su potencial reformista y modernizante, por la otra. Los primeros son gobierno en la actualidad, corresponden a las facciones más retrógradas de la oligarquía financiero-terrateniente, han logrado conformar una importante base social con sectores medios y pobres de la población y se encuentran en los sectores más extremos del espectro político de la derecha. Ante la imposibilidad política de incumplir abiertamente el Acuerdo, como ya se dijo, han optado por una política de la simulación, con la que buscan subsumir la implementación a su proyecto político general, que no es otro que la continuidad de la "seguridad democrática" y del proceso de neoliberalización bajo nuevas condiciones. Los segundos ejercen la oposición política y social, cobijan un amplio y heterogéneo abanico de fuerzas de derecha modernizante, del llamado centro político, del progresismo, de la izquierda institucional y de los movimientos sociales y revolucionarios, y comprenden también sectores de la oligarquía que consideran necesarias reformas contenidas en el Acuerdo para un remozamiento de la dominación de clase y la generación de mejores condiciones para los negocios.
La segunda contradicción, no suficientemente explícita en el presente, pero sí actuante, se encuentra en el campo de quienes se encuentran en términos genéricos del "lado de la paz". Esta contradicción se deriva esencialmente de los variados entendimientos y contenidos que se le otorgan a la paz y al propio Acuerdo. En ese campo existen gradaciones que abarcan desde un concepto de paz en abstracto, en lo esencial como "paz pacificadora", reducida al desarme de las FARC-EP, pasando por una paz con reformas, pero de implementación controlada, sin desbordes significativos del marco normativo existente, hasta quienes abogan por un entendimiento del Acuerdo de paz y su implementación con atención estricta al espíritu y letra de lo convenido y, en consecuencia, con posibilidad real de desatar su potencial transformador hacia cambios más profundos de alcance estructural.
En esa variopinta constelación de fuerzas a favor de la paz los mayores consensos en la actualidad se encuentran en torno a la "paz pacificadora", disminuyen cuando se trata la paz con reformas controladas, y son muy limitados cuando se asume un concepto de paz en cuanto implementación del Acuerdo desde una perspectiva de integralidad. Esta situación se expresa en la ausencia de iniciativa política para dar continuidad a los desarrollos normativos aplazados e inconclusos del Acuerdo paz, con sus consecuentes requerimientos de traducción en diseños y acciones de política pública, así como en el hecho de que la defensa de la paz, más allá de su evocación abstracta, no ocupa un lugar central en la agenda de los proyectos políticos que se conciben democráticos y progresistas. Al respecto es más que ilustrativo que la implementación del Acuerdo haya estado prácticamente ausente de los debates de las elecciones regionales y no se encuentre en los programas de los gobernantes electos en los principales centros urbanos, en las ciudades intermedias o en la inmensa mayoría de los municipios de la periferia.
Al carácter complejo, contradictorio, desigual y diferenciado de la implementación, se le agregan las pretensiones gubernamentales de consumar la tendencia a la perfidia, y la simulación, recurso éste último al que ha apelado el actual gobierno ante la imposibilidad política ⸺por carecer de capacidad y fuerza para ello⸺ de hacer trizas y desconocer abiertamente lo acordado.
Sobre los retos a superar
Además de las indiscutibles arremetidas de la derecha contra el Acuerdo de paz, este tiene que lidiar con el imperio del pragmatismo hecho política y con la ausencia de debates programáticos y de alcance estratégico. Y, desde luego, con la situación derivada de la acentuación de la violencia política como mecanismo de preservación sistémica, que conlleva un inevitable desplazamiento de las prioridades. Más allá de la evocación a la "no violencia", este aspecto pone precisamente de presente la importancia de la implementación integral del Acuerdo de paz. No se puede avanzar en la superación de la violencia si no hay reformas básicas, como las contenidas los acuerdos de La Habana.
El Acuerdo de paz llegó para quedarse. Pero debe reconocerse que le faltan más "dolientes", liderazgos y, sobre todo, aprehensión social. Más que un texto, es un hecho político que ⸺pese a su precaria implementación⸺ ha incidido sobre la tendencia general del proceso político y puede conducir a una inflexión hacia la construcción de la paz verdadera con justicia social; ha producido fisuras en el régimen de dominación de clase y habilitado mejores condiciones para las luchas, aún no suficientemente perceptibles. Su destino no puede concebirse desde una visión etapista y progresiva, sino en articulación y como parte del conjunto de demandas, aspiraciones y luchas sociales y de clase para enfrentar y transformar el orden social vigente. Su condición de programa político reformista adquiere sentido transformador si logra acompañarse de una perspectiva política con visión estratégica, hoy ausente. En ese sentido, las exigencias del presente no solo se refieren a la superación de las resistencias de los sectores más retrógrados de la sociedad; también a la decantación de los entendimientos de la paz, que comprenden además el propósito de la paz completa. Tal y como ocurre en toda Nuestra América, lo que se observa es la intensificación de las luchas y la disputa por nuestro futuro.
Notas:
1 Duque Márquez, Iván. Paz con legalidad. Presidencia de la República, Bogotá, 2018.
2 Al respecto ver los documentos de CSIVI-FARC / Centro de Pensamiento y Diálogo Político, La paz ausente. Un Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) sin capítulo específico de la implementación del Acuerdo de paz, Bogotá, marzo de 2019; La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque. Tendencia a la perfidia y simulación, Bogotá, septiembre de 2019; "De la paz ausente a la paz simulada. Análisis del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020", Documento de Trabajo No. 16, agosto de 2019. Disponibles en www.cepdipo.org.co