“Berta no murió, Berta se hizo millones”, gritaban varias personas a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, mientras celebraban el fallo por el cual David Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos -DESA-, fue condenado por el asesinato de la lideresa ocurrido en marzo de 2016.
La justicia encontró pruebas que demuestran que el empresario Castillo se comunicó con los sicarios que asesinaron a Cáceres. Castillo fue presidente de la empresa constructora DESA, de propiedad de la familia Atala, la cual también es acusada por la familia de Berta por ser la responsable ideológica del asesinato de la lideresa ambientalista.
Berta Cáceres fue una lideresa del pueblo Lenca, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH-, organización reconocida por su lucha en favor del medio ambiente y la búsqueda de bienestar para las comunidades. Se hizo bastante conocida por impedir la privatización del Río Gualcarque y la construcción de hidroeléctricas en su territorio, para favorecer intereses de grupos económicos.
Tras el Golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009 contra el Gobierno del presidente Manuel Zelaya, en esa nación se iniciaron varios megaproyectos que afectaban de forma grave el ambiente y ponían en riesgo la vida de comunidades indígenas que serían desplazadas de sus territorios.
El 30% del territorio hondureño quedó destinado a la explotación megaminera, gracias a las concesiones realizadas. Una de ellas fue la privatización del Río Gualcarque, que fue concesionado a la empresa DESA para su explotación por 20 años, a pesar de ser un río sagrado para el pueblo Lenca, y de ser cabal para la alimentación y la vida de la región.
En 2015, Berta Cáceres ganó el Premio Medio Ambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales, debido a la lucha en defensa del río y por las constantes protestas en defensa del territorio y demás acciones contra la empresa DESA.
Fue precisamente la empresa DESA, de la cual era presidente David Castillo, quien ordenó y contrató los sicarios que asesinaron a la lideresa. En el crimen estarían involucrados militares hondureños y ejecutivos de DESA.