El 6 de diciembre de 1973 Josu Artetxe Aiesta, liberado de ETA, fallecía en Donostia tras cercarlo la Policía más de 12 horas. La hipótesis de su fallecimiento sugiere que se suicidó antes de ser detenido y torturado, al tener conocimiento del operativo que acabó con Carrero Blanco a los días. +Egiari Zor reclama saber cómo murió Josu Artetxe
TORTURAS
La localización de Josu Artetxe fue arrancada bajo torturas a un menor de 17 años que fue detenido en diciembre de 1973 en unas redadas en las que se arrestó a 14 personas y de las que escapó Justo Elizaran, a quien mataron sicarios seis años después.
PLAN FALLIDO
ETA abortó su plan para secuestrar a Carrero Blanco y canjearlo por presos cuando el almirante redobló su escolta al ser nombrado presidente del Gobierno.
Josu Artetxe nació en abril de 1952 en el caserío Hiruharatxeta de Zeberio, un pequeño pueblo de decenas de barrios diseminados en Arratia, a las faldas del Gorbeia y apenas a 20 kilómetros de Bilbao. El eco de la guerra aún retumbaba entre sus vecinos, que recordaban cómo se refugiaban en la cueva de Solatxi cuando los Heinkel de la Legión Cóndor bombardeaban la población. El hermano de su padre Martín había muerto precisamente en 1937 en combate, cuando defendía con el batallón Salsamendi del Ejército vasco posiciones republicanas en la capital vizcaina.
Tras estudiar en el convento de los capuchinos de Zornotza, Josu, un joven alto y espigado, comenzó a trabajar de electricista junto a su hermano Juan Manuel. A los meses, se incorporó al grupo de dantza Etorki, de Ugao, que los vientos de la época convirtieron en una cantera para ETA, en una época de gran actividad cultural y política. Del grupo de danzas y de Ugao surgieron varias decenas de militantes y colaboradores de la novel organización vasca, como Txutxo Abrisketa, Josu Urrutikoetxea, José Miguel Beñaran y el propio Artetxe.
Del frente cultural, Artetxe pasó al militar, y se integró en un comando legal en Basauri, y más tarde en Ugao, donde le conocían con el sobrenombre de Irkus. Sus más cercanos le llamaban Alicates, por su facilidad para remendar cualquier armatoste. En septiembre de 1972, tras una gran redada policial en Bizkaia, se refugió en Ipar Euskal Herria, huyendo con la Guardia Civil pisándole los talones, en una moto a la que le había puesto nombre: Marisol. Se estableció en Hendaia primero y luego en Baiona, donde recibía la visita de sus hermanos, padre y, en especial, de su madre Florentina.
«COMANDO DE ORO»
A comienzos de marzo de 1973 fue detenido en Lasarte el conocido por la dirección de ETA como el «comando de oro», que bajo la dirección de Eustakio Mendizabal, Txikia, había ejecutado las acciones más espectaculares de los meses anteriores, entre ellas el robo de ocho toneladas de dinamita en Hernani (la misma que serviría para atentar contra Carrero Blanco) y el secuestro del oligarca navarro Felipe Huarte, una de las mayores fortunas del Estado por aquel entonces, que acababa de despedir de su empresa a 140 trabajadores.
Las detenciones llevaron a la dirección de ETA a enviar a Txikia a Bilbo, siendo sustituido en su responsabilidad en Gipuzkoa por Garratz Zabarte. Pero la muerte de Txikia en una emboscada en Algorta, a finales de abril de 1973, volvió a remover el organigrama de la organización vasca y Zabarte se trasladó a Bilbo, dejando su puesto vacante. La responsabilidad sería cubierta momentáneamente por un militante legal, natural de Donostia, que intentó coordinar, durante unos meses, los cuatro comandos que ETA tenía entonces en Gipuzkoa; en Urretxu, Usurbil, Donostia y Oiartzun.
En pleno acoso a los refugiados en Ipar Euskal Herria, la dirección de ETA decidió trasladar a Getafe una de sus reuniones resolutivas, donde José Miguel Beñaran e Iñaki Pérez Beotegi habían logrado establecer una infraestructura de viviendas y colaboradores amplia y estable. Parte de la misma había sido preparada para el secuestro de Carrero Blanco y su canje por presos vascos, acción abortada cuando el almirante dobló su escolta al ser nombrado presidente del Gobierno de Franco. En la misma, el Comité Ejecutivo definió reestructuraciones, entre ellas la del nombramiento de nuevos liberados para cubrir algunas zonas de Hego Euskal Herria, en especial Gipuzkoa.
Fruto de aquellas decisiones llegó el nombramiento de Artetxe como responsable de los comandos de legales que ETA tenía en Gipuzkoa. Y como vivienda, se refugió en el polígono 13 del barrio donostiarra de Altza, luego con su urbanización reconvertido en Larratxo. La casa le había sido sugerida por un compañero, José Etxeberria Sagastume, vecino de Amezketa, responsable de ETA en la Margen Izquierda. Garratz Zabarte e Imanol Mitxelena, liberados de la organización vasca también en Bizkaia, serán detenidos en Bilbo en septiembre de ese año, tras ser gravemente heridos en una emboscada, recibiendo cinco tiros cada uno.
EN LARRATXO
A principios de ese mes de septiembre, Artetxe acogió en Baiona la que iba a ser la última visita de su familia. Discreto como siempre, la decisión de cruzar la muga la mantuvo en secreto. Unos días después, Josu se ubicaba en la vivienda, una ganbara con dos ventanales exteriores y otros dos a patio interior. La morada se situaba en el número 9 de la actual calle Bertsolari Txirrita, edificio de tres alturas delante y siete detrás, en una zona hasta entonces sin ordenación urbana, construida en una ladera.
Al margen de cuestiones relacionadas con la idoneidad y los huecos organizativos dejados por la represión, la decisión de nombrar a Josu responsable y coordinador de los comandos legales de ETA en Gipuzkoa puede parecer, hoy en día, secundaria. Artetxe tenía carné de conducir. Y no eran dentro de la organización abundantes los que lo tenían. Mendizabal, por ejemplo, había necesitado permanentemente de un chófer para su traslado, al igual que dos de los tres miembros del comando Txikia que atentaron en Madrid a fin de año contra la vida del presidente Carrero. Y, entre los vehículos que Josu condujo en esos tres meses que estuvo de liberado, su preferencia fueron los Seat 1.500, que los miembros legales robaban para sus acciones.
Decidida por la dirección de ETA la ejecución del presidente franquista, Artetxe, con su discreción habitual, fue el encargado de transmitir la «necesidad de hacer ruido» para trasladar el foco de atención policial hacia Bizkaia y Gipuzkoa porque «se está preparando una acción muy gorda». Con una infraestructura muy débil, Joxe Etxeberria y José Luis Pagazaurtundua colocaron un artefacto en el Club Marítimo El Abra de Getxo.
Dos días más tarde, al intentar repetir la acción, el explosivo que preparaban les explotó a ambos, falleciendo en el acto. Josu, amigo de Etxeberria, abandonó por unos días su refugio de Larratxo, trasladándose a una vivienda de Lezo, y volviendo posteriormente a Donostia. Mientras, trabajaba en un gran golpe que no llegó a realizar, el robo de las nóminas dobles -sueldo y paga- que en diciembre recibirían la tropa y los mandos militares del cuartel de Loiola.
El «ruido» en Gipuzkoa se concentró en varios operativos con la dinamita robada en Hernani por el «comando de oro», ya preso. La primera acción fue contra la plaza de toros itinerante de Urretxu, que quedó destruida totalmente. En noviembre, hubo acciones de ETA en Ordizia, por dos ocasiones, Oiartzun y Donostia. En esta última, un comando atentó contra una agencia de alquiler de vehículos que había derivado a la Policía información sobre el arrendador que resultó ser miembro de ETA y, como consecuencia, fue detenido. La carga explosiva reventó el hotel Orly, anexo, sin causar víctimas.
La voladura de la plaza de toros de Urretxu permitió a la Brigada Político Social de la Policía obtener la primera pista sobre sus autores, uno de cuyos comandos era natural de la localidad. Identificado, detenido y torturado uno de ellos, la información obtenida habilitó a la Policía para reconocer y detener a los autores del atentado del hotel Orly.
Detenidos a principios de diciembre hasta 14 militantes y colaboradores de ETA, la Policía supo del piso en el que se refugiaba Artetxe. Las torturas a uno de los jóvenes, de apenas 17 años, que conocía casualmente la vivienda de Larratxo, fueron el hilo policial para llegar a la vivienda. De aquellas redadas logró huir Justo Elizaran, voluntario del comando de Donostia, que sería muerto por sicarios a cargo del Estado seis años más tarde en Biarritz.
«NO ME COGERÁN VIVO»
A las 3.30 de la madrugada del jueves 6 de diciembre, la Policía llamó al piso del matrimonio que acogía a Josu. No abrieron y se produjo un breve tiroteo. Josu tenía una pistola y guardaba un pequeño arsenal de una partida de metralletas marca Marietta, recién adquiridas por ETA. Durante toda la noche, los policías desalojaron a todos los vecinos del edificio. Al amanecer comenzaron a disparar a la puerta de la vivienda, tras acudir refuerzos de agentes pertenecientes a la Unidad de Reserva General, acantonadas en Gipuzkoa, especialmente en Andoain, donde se habían recrudecido los conflictos laborales.
A las 10.30 de la mañana, las fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas contra la vivienda. Josu comunicó a la pareja que «a él no le cogerían vivo». El matrimonio, escondido hasta entonces bajo la cama de su cuarto, con el aire irrespirable, salió de su habitación y se entregó a la Policía. Josu se atrincheró en su cuarto. Media hora más tarde, los tiros policiales no recibieron ya respuesta. Josu, según el informe interno de la BPS, había disparado el cargador de su pistola y de una Marietta. En el mismo informe, los agentes relataron que habían requisado ambas, desapareciendo la cita al resto de armas, que aún se encontraban, sin usar, en la vivienda.
A las dos del mediodía de ese 6 de diciembre, el cadáver de Artetxe fue arrastrado por la vivienda y evacuado al hospital. Para su reconocimiento, fue llamado el padre de uno de los detenidos. Se trataba de Jesusmari Alkain (alcalde de Donostia de 1979 a 1983) que no reconoció a Artetxe, aunque rubricó que tenía un único tiro en la sien, al igual que el informe de la autopsia.
El Juzgado de Instrucción de Donostia abrió y cerró diligencias, y los detenidos, que denunciaron torturas, fueron juzgados por el juez José Lasanta (muerto por ETA en 1990). El matrimonio estuvo tres meses en Martutene y el resto salió de prisión en 1977.
Florentina, la madre de Josu, recibió llamadas y notas amenazantes después de la muerte de su hijo. Y en Madrid, el 20 de diciembre, cuando el miembro del comando Txikia hizo explosionar el artefacto que provocó la muerte de Carrero, le gritó a su compañero: «Gora Josu!».
ACTO DE RECUERDO EN ZEBERIO EN EL 50 ANIVERSARIO
Egiari Zor reclama saber cómo murió Josu Artetxe
En el cincuenta aniversario de la muerte del zeberiotarra Josu Artetxe, la fundación Egiari Zor reivindicó ayer en la localidad natal de quien fuera militante de ETA saber toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Rechaza la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales impulsada por el Gobierno español.
Medio siglo después de la muerte de Josu Artetxe en el barrio donostiarra de Altza en el transcurso de una operación de la Policía Armada, la fundación Egiari Zor exige saber todo lo que rodeó a aquellos hechos. Denuncia que la documentación que puede ayudar a esclarecer lo sucedido «sigue hoy blindada por una ley preconstitucional» y el proyecto que impulsa el Gobierno español para reformarla va a restringir ese derecho.
La plaza de Zeberio se llenó ayer para recordar la herida que sigue abierta en torno a aquellos hechos, donde la versión de la Policía franquista de que este militante de ETA se suicidó ha adquirido carácter oficial. Pilar Garaialde, en nombre de Egiari Zor, insistió en pedir verdad.
«Todavía hoy, no sabemos cómo ocurrió la muerte de Josu y aunque ha transcurrido medio siglo, nadie ha visto todavía el resultado del análisis forense, como nadie ha tenido acceso tampoco al informe pericial realizado tras los hechos», apuntó. Por ello, dijo que es hora de aclarar las circunstancias que rodean al caso.
Garaialde hizo mención al relato que desmiente la versión oficial y que asegura que el disparo que el zeberiotarra recibió en la cabeza fue realizado por la Policía que rodeaba el edificio. «Tras gasear la Policía el piso ocupado por Josu, este asomó la cabeza por una ventana con intención, al parecer, de respirar y, en ese momento, recibió el disparo que acabó con su vida», comentó.
«Es imprescindible abrir el oscuro baúl de las versiones oficiales, y a tenor de las investigaciones abiertas a través de la Ley 12/2016 podemos decir que teníamos y tenemos razones de peso para esa reivindicación. Porque como ha quedado de manifiesto en varios casos, la versión oficial fue construida para ocultar verdaderos crímenes», reiteró la representante de Egiari Zor.
Garaialde indicó que la documentación que podría aclarar la muerte de Artetxe «sigue hoy blindada por una ley preconstitucional». «Que la derogación de la Ley de Secretos Oficiales no sea a día de hoy una realidad, es una prueba más de la precaria calidad democrática vigente y de la falta de voluntad para clarificar este y otros casos, ocurridos durante el franquismo, la transición y la supuesta democracia», denunció.
La razón, sostuvo, «es que saldría a la luz la verdad sobre la transición, la guerra sucia, el 23F, el plan ZEN, el informe Navajas, o los GAL».
La fundación mostró su más enérgico rechazo a los plazos de desclasificación que marca la propuesta de reforma de esta ley planteada por el Gobierno español. «Es hora de que la verdad salga de la sombra a la luz, llevamos demasiado tiempo esperando y conocer la verdad es nuestro derecho», defendió.
«Está claro que esta ley es un mecanismo legal que restringe nuestro derecho a saber la verdad. Que seguirá siendo un obstáculo en el reconocimiento de las personas que sufrimos la violencia del Estado», lamentó.
«SERVIRÁ PARA PERPETUAR LA IMPUNIDAD»
«Servirá para perpetuar la impunidad de los responsables de nuestro dolor y la posibilitará ante posibles nuevas comisiones o comportamientos contrarios a los derechos humanos», argumentó. Esa impunidad, añadió Pilar Garaialde, «no solo ha permitido que ocurran estos crímenes, sino también perpetuarlos durante décadas, creando en muchas de nosotras la convicción de que la ‘injusticia española’ es también responsable de la tragedia humana vivida».
Al estar el monopolio de la violencia, la verdad y la justicia en manos del Estado, no les extraña el «desequilibrio» con que la justicia ha actuado. «Un modelo que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos y en cambio a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo de justicia válido?», se preguntó.
No creen en un modelo de justicia que olvida unas responsabilidades y consecuencias del conflicto y perpetua otras. «No esperamos nada de este modelo de justicia», subrayó.
Su apuesta pasa por «un modelo de justicia que respete los derechos de las víctimas y que, a su vez, responda a la necesidad de llegar a un escenario de convivencia que supere las consecuencias generadas durante décadas de violencia». «De lo contrario -apostilló-, no estaríamos apostando por un marco integral de convivencia democrática, sino a favor de un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y vencidos, que legitima la violencia del Estado y refuerza la impunidad de determinados responsables».
Para la fundación, el concepto de convivencia democrática exige superar las consecuencias de la confrontación armada, garantizar todos los derechos de todas las personas, pero también abordar las causas de un conflicto de naturaleza política. «Una sociedad que aspira a desarrollarse sobre una convivencia democrática, debe necesariamente, poder ejercer el derecho a decidir libremente su presente y su futuro».