La muerte de Nizar Banat, oponente cisjordano a la Autoridad Palestina, ha llevado a más de un analista a anunciar el fin de la institución nacida al calor de los fracasados Acuerdos de Oslo. Banat falleció víctima del maltrato al que le sometió la policía palestina tras su detención, y la explicación oficial diciendo que “su estado de salud se deterioró durante su detención”, no ha hecho sino hacer crecer la indignación entre la población y las organizaciones de la Resistencia palestina, hartas de ver que la Autoridad Palestina se ha convertido en el enemigo interno de sus aspiraciones y aliada del régimen de ocupación y de apartheid.
Todas las facciones de la Resistencia palestina, incluidos amplios sectores de Al Fatha, organización a la que pertenecen los actuales responsables de la AP, han condenado la muerte del activista, y acusado a la policía palestina de su muerte y también de la represión contra manifestantes que denunciaban los hechos y de periodistas que cubrían las manifestaciones de repulsa.
Pero para entender esa deriva represiva y autoritaria de las fuerzas de orden dependientes de la AP hay que ir a su origen y creación. En los Acuerdos de Oslo, seguidos por el Acuerdo de El Cairo en 1984, se estipulaba, bajo el título “Seguridad palestina”, que “la policía palestina funcionaría bajo los auspicios de la Autoridad Palestina y sería la responsable de la seguridad interior y del orden público. Estaría compuesta por 9000 miembros, de los cuales 7000 podrían llegar desde el exterior. Una de sus funciones será prevenir el terrorismo contra los israelíes en las zonas bajo su control”.
No es de extrañar que desde sus orígenes la policía palestina se convirtiera en un elemento más de la represión al servicio de Israel para acabar contra la Resistencia. Un acuerdo que se formalizó y extendió tras los Acuerdos de Oslo II, firmados en Taba en septiembre de 1995 y celebrados cuatro días después en Washington con la presencia de Bill Clinton y el embajador de la Unión Europea en EEUU. Se trataba ya directamente de que Israel formalizara la delegación de la responsabilidad del mantenimiento del orden público y la seguridad a la policía palestina en los territorios ocupados. El financiamiento de esa fuerza, así como su formación, quedaron entonces bajo la responsabilidad de EEUU y de la UE con el firme propósito de reprimir al pueblo palestino y de proteger al régimen israelí.
No son muy creíbles pues sus notas de preocupación ante la muerte de Nizar Banat. El Departamento de Estado americano ha declarado que se siente “consternado” por la muerte de Banat, y que están “muy preocupados por las restricciones impuestas por la AP al ejercicio de la libertad de expresión de los palestinos y por la persecución a los militantes y organizaciones de la sociedad civil”. Y por su parte, la UE se ha mostrado “sorprendida y entristecida por la muerte de Banat tras su detención. Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus cercanos”.
Tamaña muestra de perturbación deja claro hasta qué punto esas dos entidades hacer gala de la hipocresía, más teniendo en cuenta que la policía palestina a las órdenes de la AP no han hecho sino cumplir el papel que se les ha asignado desde su origen cuando fue creada y financiada por ellos para servir los intereses de la ocupación sionista en contra de la Resistencia.
El periodista Joseph Massad ha señalado que “los dispositivos de la policía de la AP han reproducido, y quizá así fueron inspirados, la utilización que el Estado sudafricano del apartheid hizo de la policía negra antes de 1994, unos dispositivos que redujeron en gran medida el peligro para la vida de los policías blancos”. Algo que se demuestra en el importante cambio que ha supuesto para Israel la subcontratación de las funciones represivas en los territorios ocupados a la policía palestina. En efecto, la utilización de estos mercenarios al servicio del sionismo ha supuesto que Israel siga manteniendo su control sobre la tierra, el agua, las fronteras, la economía y las colonias y asentamientos judíos sin la necesidad de reprimir por sí misma la Resistencia palestina, algo que hubiera podido poner en riesgo la seguridad de sus propios soldados y ser denunciada a nivel internacional.
La policía palestina al servicio de la AP y de los intereses de Israel fue formada en un principio en secreto por la CIA (en su escala de mandos), y seguidamente los EEUU asumieron completamente la formación de la tropa. El teniente-general Keith Dayton, coordinador para seguridad con la AP desde diciembre de 2005 hasta octubre de 2010, fue el encargado de supervisar su formación y también uno de los actores principales en el desarrollo del golpe de estado organizado contra Hamas en 2007 tras unas elecciones que esa organización ganó de manera amplia y democráticamente. En 2006, numerosos instructores norteamericanos, británicos, egipcios y jordanos participaron en la formación del grupo que aún ejerce de guardia personal del presidente de la AP, Mahmoud Abbas, así como en el suministro de armas en vistas a una posible confrontación con Hamas. Incluso el gobierno israelí autorizó en esas fechas un trasvase importante de armas destinadas a la guardia pretoriana de Abbas (calculado en varios miles de fusiles) provenientes de Egipto y Jordania.
La AP recibe al año miles de millones de dólares de la parte de donantes extranjeros, principalmente provenientes de países árabes y de la UE.
Esos recursos se pierden en la más absoluta indiferencia de los donantes a través de los innumerables mecanismos de corrupción que se han establecido en torno a los principales responsables de la AP. El grueso de los recursos se destinan principalmente a alimentar las redes de corrupción de los dirigentes que han convertido esa práctica en el mecanismo mediante el que se garantizan lealtades y componendas. Otra parte importante se destina al financiamiento de la policía palestina y de los servicios de seguridad e inteligencia que operan al servicio de Israel con el fin de evitar operaciones de la Resistencia, principalmente desde la Cisjordania ocupada, o para establecer redes de cooperación con el sionismo en Gaza y los territorios ocupados en 1945. Sin embargo, sólo el 1 por ciento de los recursos se destina al favorecimiento de la agricultura, pese a ser esta actividad de la que depende más del 50 por ciento de la población palestina. Y otro tanto podría decirse de la inversión en sectores vitales para la población como educación, salud, transporte o vivienda, que apenas reciben las migajas que la indecente corrupción de los dirigentes de la AP libera con esos fines.
La AP se ha convertido en el enemigo interno de la causa palestina, de una Resistencia que ha demostrado en los últimos meses una enorme capacidad de combate y de hacer frente al sistema de ocupación y apartheid. A la AP sólo le queda la represión mediante sus fuerzas policiales para imponer su autoridad, como lo ha demostrado en las últimas semanas. Mahmoud Abbas y su camarilla colaboracionista se ven perdidos. La decisión de suspender la convocatoria de elecciones con argumentos falsos (como aquel que señala la imposibilidad de votar a los habitantes de la Jerusalén ocupada, como si la AP hubiera hecho algo por ellos en algún momento), donde saben van a ser los grandes derrotados, y también el asesinato de Banat ponen al descubierto su incapacidad para seguir controlando la situación. Ya nada queda de sus bazas institucionales, financieras o mediáticas, ellos mismos las han agotado en el maremágnum de la corrupción y el colaboracionismo con el ocupante israelí. Hoy solo les queda a Abbas y a su camarilla la razón que les otorga la fuerza de la policía asesina de su pueblo. Deseamos que sea por poco tiempo, y que como sucede siempre con los traidores, el viento de la lucha de los pueblos los borre definitivamente.