I
“#PerúSinVenezolanos. ¡Basta ya!”, dice una pancarta colgada en un puente de cualquier ciudad peruana. La imagen se reproduce hasta el infinito al rodar y rodar por twitter y demás redes sociales. Las reiteradas megacampañas contra los migrantes venezolanos en todo el continente calaron hondo y ahora se reproducen por sí solas, sedimentadas en el sentido común de mucha gente. Un buen ejemplo sería un video de 10 minutos que circula en redes sociales e internet, en el que no se ve nada más que insultos e improperios proferidos por ciudadanos y ciudadanas peruanos(as) contra las personas venezolanas que viven allá.
La alcaldesa de Bogotá, como sin querer queriendo, espeta a la calle este terrible mensaje: “No podemos pagar el arriendo. No se lo estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional. Un peso aunque sea. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos. ¡Sin chistar! Llevamos tres años pagando eso. A 450 mil personas de Venezuela”. Haciéndose la buena, como si gracias a ella los migrantes venezolanos vivieran en un jardín de rosas, le da el argumento oficial a toda una ciudad para que pueda liberar sus impulsos discriminatorios. Con tal discurso pronunciado por la primera autoridad de la ciudad, la alcaldesa dio luz verde a lo que no tardó en concretarse. Centenares de venezolanos fueron echados de los sitios de alquiler en que vivían.
En un espantoso video grabado en Perú, a través de la ventanilla de la puerta de calle una arrendadora le dice lo siguiente a una mujer venezolana que trata de convencerla para que al menos la deje entrar a sacar sus cosas o que le permita pagar el mes que inicia al final de mes: “A mí me paga. Aunque mejor este mes yo me cobro con tu refrigerador. Cuando termine la cuarentena conversamos. Si no me vas a pagar no entras. Unos chulos son ustedes los venezolanos. Han venido a fregar a mí país. Yo no te voy a quemar nada, yo no soy venezolana. Yo soy peruana y tengo dignidad. Yo creo en los demás y ayudo a los demás. No los exploto ni los uso y no me voy a un país extranjero para que me mantengan”. Aunque medien miles de kilómetros entre una y otra, el discurso de esta señora peruana es sorprendentemente parecido al de la alcaldesa de Bogotá.
Una nota de la revista colombiana Semana publicada el 2 de abril revela los datos de una encuesta según la cual “el 69 por ciento de los encuestados declaró que no le gustaría tener como vecinos a ciudadanos venezolanos; el 42 por ciento a asiáticos provenientes de China, el 30 por ciento a italianos, 28 por ciento a españoles, 21 por ciento a franceses, 17 a norteamericanos y 14 por ciento a ecuatorianos”. En la nota se subraya lo siguiente: “Aún cuando los números de contagios y muertes por el covid-19 han sido más contundentes en latitudes lejanas, los colombianos a los que no les es indiferente quienes sean sus vecinos prefieren que no sean venezolanos, incluso por encima de otras procedencias como Italia, China o España”.
¿Conclusión? Para un alto porcentaje de colombianos, los venezolanos son más virulentos que cualquier otra nacionalidad. Contagian, aunque no se sepa muy bien qué. Son portadores de algo dañino.
II
Meses atrás, los agentes políticos venezolanos que operan al servicio de la agresión de EEUU contra Venezuela dijeron, amplificado por todos los medios de comunicación y redes sociales del planeta, que éramos una enfermedad contagiosa. La amenaza inusual y extraordinaria en que nos habíamos convertido por virtud de un oprobioso decreto de Barack Obama pasaba a ser denominada con un término clínico aplicado a la política. Así, como se combate un virus que irradia su efecto negativo sobre aquello con lo que establece contacto, así debía ser combatida Venezuela y su revolución: había que cercarla, aislarla, exterminarla, para garantizar la salud política, social y económica del continente y el mundo.
El proyecto político, social y económico chavista había demostrado que es posible el desarrollo exitoso de un modelo distinto al capitalismo, socialmente inclusivo, participativo, democrático, soberano, humanista, integracionista. Ese ejemplo a todas luces saludable era, para las élites políticas y económicas de EEUU, todo lo contrario: una peligrosa y seria amenaza a la salud del cuerpo neoliberal y neocolonial regido por sus designios supremacistas. En esa amenaza infecciosa, entonces, debía ser convertido el chavismo y la revolución bolivariana para el imaginario, para la percepción y para la subjetividad de las grandes mayorías.
Se destinaron entonces enormes recursos para asfixiar económicamente al país, boicotear su economía, atacar su moneda hasta quebrarla, cerrarle las fuentes y canales de financiamiento. Primero en la sombra, después abiertamente, mediante las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, mejor conocidas como sanciones.
El despliegue del gigantesco y millonario arsenal mediático dedicado a construir la percepción virulenta del chavismo, de su dirigencia y del pueblo de Venezuela, necesitaba la verificación real, concreta, de un país en crisis. El discurso según el cual socialismo y revolución equivalen a quiebra y pobreza, debía tener la materialidad concreta que lo comprobara, y esa materialidad era la crisis económica de Venezuela. Por eso había que generarla, socavando desde adentro (con complicidades internas incluidas, confesas y no confesas) y cercando desde afuera el aparato económico y financiero del país.
Una máxima de la publicidad y el mercadeo contemporáneo reza que para lograr el máximo alcance, penetración, aceptación y enganche de la población objetivo con el producto o mercancía que se desea vender, nada mejor que basar su discurso simbólico y publicitario en la materialización del mensaje en la vida concreta y real de la gente, para a partir de allí reelaborarlo y que la gente lo reproduzca y termine de cerrar el círculo perfecto del relato publicitario.
En el caso de Venezuela esto se aplicó tal cual. La idea a vender: socialismo y revolución son igual a quiebra y pobreza. La materialidad concreta a construir para a partir de ella y con ella construir el relato publicitario/propagandístico, era la crisis del país: el desabastecimiento, la hiperinflación indetenible, el deterioro de los servicios públicos.
Esa megaoperación de propaganda político-militar necesitaba, como todo relato, un clímax: la ola migratoria, la llamada diáspora venezolana. Luego, no quedaba más que su instrumentalización mediática y simbólica. Así se desplegó una enorme campaña xenofóbica contra los migrantes venezolanos: en miles y miles de memes, fotos, videos, reportajes, notas de prensa, crónicas, twitts, declaraciones de dirigentes políticos, gobernantes y autoridades de organismos internacionales. Se inflaron groseramente los números y llegó a decirse una y mil veces barbaridades como que la ola de migración venezolana representaba una grave amenaza a la estabilidad social de América Latina.
Así se fabricó y propagó el relato según el cual, por un lado, la migración venezolana era la prueba encarnada e irrefutable del fracaso de la revolución bolivariana, y por el otro, una suerte de plaga que amenazaba a los países donde llegaba: generaba violencia, colapso, vicio, problemas, conflicto. El corolario es el siguiente: solo hay una cura contra esa amenazante enfermedad, el derrocamiento del gobierno de Venezuela, maligno generador de la enfermedad.
III
“Duramos casi tres años en Colombia. Nos vinimos porque la pandemia nos sacó de allá. Nuestro trabajo era ambulante en la calle, somos artesanos y eso se paró. No pudimos pagar más el arriendo y nos echaron a la calle. Estuvimos 11 días caminando con mi hija y mi nieta para llegar acá. Y finalmente aquí nos recibieron y estamos todos bien. Esta es nuestra tierra y aquí vamos a estar bien”.
“Duré dos años en Bogotá. Me fui porque lo que ganaba trabajando no me alcanzaba a mantener a mis hijos. Me vine porque se estaba poniendo difícil la cosa allá también. Ya incluso para comprar comida había que hacer cola. Y para estar así mejor estar aquí, que incluso la cosa aquí ya se acomodó, aquí ya no hay colas”,
“No podía pagar más el arriendo. Tenía que salir a las 7 de la mañana y pasar todo el día en la calle con las niñas y ver luego si lograba entrar a otro arriendo a las 7 de la noche. No tenía ya más dinero. Tenía que dejar cosas en pago. En la mañana cuando me sacaban de la casa se quedaban con algunas de mis cosas, así perdí unos ventiladores, dos colchones, mucha ropa. De todas esas pensiones a los venezolanos los echaban como animales”.
“Muy pocos colombianos lo tratan a uno bien. Siempre es maltrato, por ser uno migrante. Ellos deberían reconocer cuando migraron antes por millones a Venezuela. Venía en aventón, para ahorrar la poca plata que tenía y usarla para solventar la comida. Y caminando, caminamos como 7 días. Hasta que nos aceptó llevar un camión que transportaba ganado. Así que logramos llegar como los propios animales.”
Esto cuentan Yarelis, Glendys Carolina, Alfredo, Luis y otro grupo de hombres y mujeres que se encuentran entre los migrantes venezolanos que han ingresado recientemente al país por la frontera apureña, a través del puente internacional José Antonio Páez. Como era de esperarse, los golpes socioeconómicos más severos resultantes de las medidas de cuarentena tomadas en los distintos países del continente como medida central para combatir la pandemia de COVID-19 recaen sobre la población más vulnerable, la más excluida, la que vive del trabajo informal y la que cuenta con menores estructuras de protección social y laboral al vivir en sociedades profundamente neoliberales.
Es el caso de los y las migrantes venezolanos que permanecen en países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, quienes se encuentran además en un segundo nivel de vulnerabilidad, puesto que son víctimas, hoy más que nunca, de aquellas infames campañas continentales para sembrar la xenofobia en su contra, además de las severas condiciones socioeconómicas que empiezan a agudizarse en países donde ni siquiera en medio de la pandemia se aplican medidas mínimas de contención social.
De allí que miles de migrantes venezolanos hayan comenzado a emprender su retorno al país y que muchos y muchas ya estén aquí en Venezuela. El gobierno venezolano ha anunciado la voluntad humanista de atenderlos(as) en su llegada al país sin que medien para ello condicionamientos políticos de ninguna índole, y ha comenzado a ejecutar lo necesario para cumplir ese anuncio, lo cual tiene ciertas complejidades: la necesidad de que este recibimiento suceda en los términos epidemiológicos correctos, es decir, cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por los protocolos de atención, para evitar que este ingreso masivo de personas por las fronteras terrestres no afecte el eficaz aplanamiento de la curva de propagación y contagio del COVID-19; el acondicionamiento de albergues y refugios en los municipios fronterizos para que allí puedan permanecer en aislamiento estas personas durante los 15 días que exige el protocolo; el posterior seguimiento y control epidemiológico de estas personas en sus localidades de destino; la reincorporación de estos compatriotas a las políticas sociales y económicas.
Solo en la frontera de Apure, por el puente internacional José Antonio Páez, han ingresado en los últimos días más de mil personas, que han sido recibidas con el cumplimiento de todo el protocolo médico y que están ahora mismo alojadas en 7 albergues donde se les provee alimentación, artículos de higiene personal, atención médica y recreación durante 15 días de aislamiento, antes de garantizarles el retorno a sus ciudades de destino. Por Táchira y Zulia ha ingresado un número aún mayor y se estima que el flujo continúe, e incluso, aumente.
Se calcula que esta ola de retorno continuará y que, de hecho, se hará mayor. La obligación de que este ingreso implique el recibimiento según las medidas preventivas de lucha contra la pandemia significa exigencias operativas, logísticas, financieras y técnicas para las autoridades civiles de los municipios fronterizos. El ritmo de este ingreso sobrepasa con mucho las capacidades de atención que existen en estos municipios. De allí la aplicación de un plan extraordinario articulado entre el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los municipios fronterizos para fortalecer las capacidades allí existentes y continuar garantizando que el retorno a Venezuela de estos(as) compatriotas continúe efectuándose adentro del protocolo que exige el combate al COVID-19.
IV
En medio de las complejas restricciones económicas y operativas que padece Venezuela, y en medio de una escalada de la agresión estadounidense, no son menores los logros que hasta ahora se vienen obteniendo en la batalla contra el COVID-19. En ello hay seis claves: 1) la determinación humanista del gobierno nacional para emplear todos los recursos disponibles en evitar una tragedia humanitaria y proteger a la población, poniendo este objetivo como único en el orden de prioridades, 2) la solidaridad internacional y alianza estratégica con China, Cuba y Rusia, que han puesto insumos, equipos y personal especializado, 3) el apoyo de la OMS, OPS, agencias de la ONU y Cruz Roja, 4) la existencia de un sistema de salud estatal y público, conducido centralmente, con una amplísima capacidad de penetración territorial construida durante la revolución bolivariana, un sistema que aunque ha sido golpeado por las restricciones económicas, por el bloqueo, por la corrupción, por la fuga de personal, por la escasez de insumos, posee infraestructura, equipos y personal calificado en absolutamente todo el territorio nacional, 5) un robusto y sólido tejido de organización popular que abarca todo el territorio nacional, expresión incuestionable de la democracia participativa y protagónica, y 6) la doctrina de unidad cívico militar, que enlaza la capacidad de despliegue y capacidad de acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el tejido de organización popular territorial.
Estas claves han permitido no sólo desplegar los equipos humanos y los insumos necesarios para garantizar la atención específica de la pandemia desde una perspectiva cohesionada y alineada (detección de sospechosos de contagio, aplicación de pruebas diagnósticas, habilitación de espacios para albergue y aislamiento, aplicación de atención y tratamiento a casos contagiados, desinfección de espacios públicos en pueblos y ciudades) sino también para aplicar acciones de contención socioeconómica determinantes para ayudar a que la cuarentena sea lo más efectiva posible para una población mayoritariamente urgida económicamente.
En fin, con todas las fallas y carencias que pueda haber, la actuación de la revolución bolivariana ante la pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia de un modelo de Estado, de sociedad, de gobierno, en el cual las garantías sociales están por encima de cualquier otra prioridad, y en el cual el control político, administrativo y de gestión de los servicios básicos que garantizan la vida está en manos del sector público, del gobierno, y no en manos de corporaciones o gremios privados.
En última instancia, cuando se trata de un combate en el que está en riesgo la vida de miles o cientos de miles de personas, cuando se trata del bienestar y la vida del colectivo humano que conforma un país, en ese momento queda más que nunca en evidencia que los instrumentos y herramientas necesarios para dar esas batallas deben estar en manos de expresiones directas de ese colectivo nacional, es decir, en instituciones y organismos públicos.
La pandemia del COVID-19 ha servido, entre otras cosas, para subrayar esta verdad que habían pretendido pulverizar los adalides del neoliberalismo, del libre mercado y del adelgazamiento del Estado.