Corte de Delaware reveló que usó activos de Pdvsa para financiarse
El pasado 28 de enero se cumplieron cinco años desde que el gobierno de Estados Unidos, junto a dirigentes políticos de la extrema derecha venezolana, se apoderaron de una de las refinerías más grandes de Petróleos de Venezuela en el exterior, Citgo Petroleum Corporation, compañía que se encuentra ubicada en el país norteamericano.
Luego del triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en 2018, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump comienza una cruzada para aumentar las medidas de presión económica contra el país.
Un año después, y con la excusa del desconocimiento a la legitimidad del jefe de Estado venezolano, Washington acompaña la conformación de un “Gobierno Interino”, que estaría encabezado por el dirigente de Voluntad Popular Juan Guaidó, quien en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional y que junto a varios políticos de extrema derecha, como Leopoldo López y María Corina Machado, propiciarían las condiciones para el robo de varios activos venezolanos en el exterior.
Desde la Casa Blanca también se firmaría la Orden Ejecutiva 13.835, la cual prohíbe la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense, arma jurídica que emplearon para apoderarse de Citgo, que junto a la recién creada “figura institucional del interinato”, al margen de la Constitución venezolana, abría las puertas para asaltar la refinería venezolana.
Guerra judicial
Pero no sólo desde Washington vendría el ataque. Las empresas trasnacionales junto con los tribunales de arbitraje ya venían dando golpes a Petróleos de Venezuela, utilizando la excusa de las “expropiaciones” realizadas durante la presidencia del Comandante Hugo Chávez.
Una de ellas sería la empresa minera canadiense Cristallex, que el 4 de abril de 2016, obtuvo un laudo favorable de un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con fundamento en el Tratado de Protección de Inversión vigente entre ambos países. La reclamación de la trasnacional sería por un valor
de 1,2 millardos de dólares.
Esta medida fue aprovechada por la trasnacional para forzar, ante los tribunales estadounidenses, la ejecución del Laudo, lo que propició un fallo emitido por el juez, Leonard P. Stark del Tribunal del Distrito de Delaware, y avalado por la Corte Suprema de EEUU, para autorizar la venta de las acciones de Citgo para favorecer a la compañía minera.
En esta onda también estuvo la trasnacional ConocoPhillis y otros 16 acreedores a quienes el pasado 11 de enero un tribunal del mismo distrito aprobó sus reclamaciones por un monto de 20.800 millones de dólares.
Todos estas empresas ahora podrán participar en una subasta de la compañía que, según la justicia estadounidense se desarrollaría durante este año, y en el que Cristallex tendría la prioridad.
El pasado 10 de enero, el Gobierno de Venezuela condenó como “un vulgar despojo” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el había rechazado revisar
un fallo en el que se autoriza la subasta.
“Con esta acción han impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de Citgo dentro del territorio estadounidense, vulnerando flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados”, sentencia un comunicado oficial.
Juan Guaidó causó pérdidas
En octubre de 2023, fue revelado un texto del juez Leonard Stark de la Corte Distrital de Delaware que refleja que Guaidó “accedió a los activos de las filiales estadounidenses de Pdvsa en Estados Unidos y los utilizó para financiar la defensa legal de Venezuela”.
La denuncia la realizaría el profesor de la universidad de Denver, Francisco Rodríguez, quien aseguró que “estas decisiones causaron pérdidas a la nación por 19 mil millones de dólares”, acción que obligó a la filial petrolera a aceptar términos de refinanciamiento, conduciendo a la pérdida casi definitiva de Citgo. La fiscalía acordó una orden de aprehensión contra Guaidó y creó una comisión para investigar a los opositores que utilizaron de forma personal fondos empresa.