El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española, José Luis Castro, ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la progresión a tercer grado de Joseba Arregi Erostarbe, que otorgó en abril el Gobierno de Lakua y, por tanto, le mantiene en prisión al entender que «se niega a una petición de perdón expresa a sus víctimas». Todo a pesar de su avanzada edad, 77 años, y de que lleva 31 años preso desde su detención en Bidarte en 1992.
Así consta en el auto de 27 de noviembre del que ha dado cuenta Europa Press y en el que el magistrado sostiene que Arregi también se ha negado a colaborar en el esclarecimiento de hechos cometidos por ETA argumentando que si bien está dispuesto a acudir a todos los llamamientos judiciales que se le hagan «sinceramente (...) está fuera de sitio, en el año 2023» que se le pregunte si quiere ayudar en ese asunto cuando «ETA se disolvió» .
Para el juez, estas variables «desfavorables» pesan más que la edad del preso y sus problemas de salud. Etxerat ha alertado de que Arregi «sufre multipatologías derivadas de la edad» y recuerda que además cumplió las tres cuartas partes de la condena en 2019. El juez, sin embargo, insiste en que no existe un deterioro de la salud por su edad y las más de tres décadas en prisión.
Primero ocho meses, después solo días
Arregi obtuvo por primera vez el tercer grado en octubre de 2022 y pudo pasar ocho meses en libertad. Pasado ese tiempo, dicha progresión de grado se le suspendió de forma automática después de que la Fiscalía presentara recurso. Es lo mismo que sucedió en los casos de Xabier Atristain y Juan Manuel Inziarte, entre otros, a expensas de la doctrina que marca el Supremo.
Dos meses después, consiguió la segunda excarcelación a propuesta de los técnicos y personal que conocían de la evolución del preso en Martutene. Días después, esta decisión fue recurrida por la Fiscalía, lo que supuso nuevamente su encarcelamiento automático mientras la AN resolvía el recurso, que es el que ahora se ha conocido y que confirma la regresión a segundo grado.
Etxerat recuerda que «si se le hubieran computado los diez años de la condena francesa hace ya varios años que hubiera estado en libertad».
Esta organización, además, defiende que son los jueces naturales y no los del tribunal de excepción quienes tienen que decidir sobre los presos vascos. Tras el segundo reingreso en prisión, Etxerat apuntó que «la Audiencia Nacional continúa obstaculizando de manera sistemática el camino de vuelta a casa de las y los presos vascos».