Diversos sectores populares de Colombia participarán el próximo jueves en la jornada de Paro Nacional, donde expresan su rechazo a políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Iván Duque, así como respeto a la vida y garantías de participación política.
Desde la posesión de Duque como jefe de Estado, el país ha padecido la intensificación de la violencia originada por incumplimientos en los Acuerdos de Paz, acentamiento de grupos paramilitares en los territorios y empoderamiento de cárteles mexicanos en producción de coca; el contexto se traduce en la sistematicidad de asesinatos a líderes sociales y políticos.
Aunque medios hegemónicos tildan el paro como «una tensión social para destruir y polarizar el país«, acontecimientos suscitados en el departamento del Cauca donde masacran con bombas a niños e indígenas, así como el incumplimiento del Ejecutivo a los estudiantes universitarios, aumento del desempleo, entre otros problemas que tienen sumergido a la Nación entre las más desiguales, deja imperioso una manifestación popular que al unísono exija reivindicación de sus derechos a un presidente que está alejado de a realidad de su propio pueblo.
El paro se convocó antes de la masacre en Tacueyó, departamento del Cauca, donde cinco indígenas fueron asesinados y el debate de moción de censura y posterior renuncia, del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, por ordenar bombardeos donde murieron al menos, ocho niños.
Educación
La desfinanciación de la educación pública, originó que estudiantes desplegaran masivas manifestaciones para exigir aumento de inversión Estatal para las universidades públicas. En diciembre de 2018, el jefe de Estado llegó a un acuerdo con 32 universidades y el presupuesto aumentó a 1.2 billones de pesos en los próximos cuatro años.
Tras once meses del acuerdo los estudiantes y docentes denuncian incumplimiento del Gobierno, aún no se destina el dinero y la policía continúa agrediendo las manifestaciones pacíficas con gases lacrimógenos.
Asimismo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) señala la ausencia de garantías para ejercer la docencia en el país. De acuerdo a la asociaciones de Educadores en las regiones, 17 maestros están bajo amenaza por grupos ilegales, 20 en el departamento del Caquetá y 25 en La Guajira.
Reforma laboral y pensional
De acuerdo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el 44 por ciento de los trabajadores están por debajo del salario mínimo legal, es decir, inferior a los 828.116 pesos (240 dólares). Asimismo, el modelo de contratación laboral, conduce a la eliminación de organización sindical.
En el modelo pensional de Colombia, más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo 3 millones logran adquirir una jubilación.
Aunque los datos son alarmantes, el Gobierno propuso una polémica Ley de Financiamiento, la cual establece el gravamen de casi toda la canasta familiar en un 18 % por dos años y luego fijarla en un 17 % a partir del 2021; asimismo, para combatir el desempleo en los jóvenes el Ejecutivo propone que éstos trabajen con un 75 % del salario mínimo, propuesto que causó un fuerte rechazo por el sector.
Asesinatos sistemáticos
La masacre suscitada en Tacueyó (departamento del Cauca) que dejó cinco indígenas asesinados junto con otra masacre en el departamento que tuvo como resultado otros cuatro muertos, revelan el acrecentamiento de la violencia y zozobra de la población.
De acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Indepaz señala que en lo corrido del presente año, 155 líderes han sido masacrados por grupos ilegales.