A medida que más países árabes normalizan las relaciones con Israel, éste sigue adelante con una política de “transferencia silenciosa”, un intrincado sistema que apunta a los palestinos en la ocupada Jerusalén Oriental con revocación de residencia, desplazamiento a través de demoliciones de casas, barreras para obtener permisos de construcción e impuestos altos.
El investigador palestino Manosur Manasra señala que Israel lanzó esta política de transferencia contra los palestinos en Jerusalén Este casi inmediatamente después de la guerra de 1967 y la posterior ocupación de la parte oriental de la ciudad.
La política continúa hasta el día de hoy con el objetivo de dominar Jerusalén Oriental.
La expropiación de tierras para asentamientos judíos se ha llevado a cabo alrededor de Jerusalén Este y en el corazón de barrios palestinos, como los barrios musulmán y cristiano de la Ciudad Vieja y más allá en Sheikh Jarrah, Silwan, Ras al-Amoud y Abu Tur desde 1968.
Después de la guerra de junio de 1967, Israel aplicó la ley israelí a Jerusalén Este y otorgó a los palestinos el estatus de “residente permanente”. Sin embargo, en efecto, es frágil. B’tselem, el centro israelí de información sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, describe este estatus como “otorgado a los ciudadanos extranjeros que deseen residir en Israel”, excepto que los palestinos son nativos de esta tierra.
Los palestinos de Jerusalén Este no tienen derecho a la ciudadanía israelí automática ni la Autoridad Palestina (AP) les emite pasaportes palestinos. Por lo general, pueden obtener documentos de viaje temporales jordanos e israelíes.
Al asignar un frágil estatus de residencia a los palestinos en Jerusalén Este, Israel ha logrado revocar y posteriormente desarraigar a más de 14.200 palestinos de Jerusalén Este desde 1967. Estas medidas coinciden con una práctica agresiva de demolición de casas.
Las demoliciones de viviendas en Cisjordania no se detuvieron a pesar de la pandemia de coronavirus.
Según las Naciones Unidas, hubo un aumento de casi cuatro veces en el número de personas desplazadas entre enero y agosto de 2020, y un aumento del 55 por ciento de estructuras afectadas por demoliciones o confiscaciones en comparación con el año anterior.
En Jerusalén Este, el mes pasado fueron demolidas 24 estructuras, la mitad de ellas por sus propietarios tras la emisión de órdenes de demolición por parte del municipio de Jerusalén.
El estatus de “residencia permanente” se mantiene mientras los palestinos mantengan una presencia física en la ciudad. Sin embargo, en algunos casos, las autoridades israelíes toman medidas para retirar el estatus de residencia de los palestinos en Jerusalén Oriental como medida de retribución porque son disidentes políticos. La persecución israelí de activistas palestinos es extensa y no excluye a ninguna facción.
El caso más reciente es el de Salah Hammouri, de 35 años, abogado y activista. Arye Deri, ministro del interior de Israel, dice que Salah es miembro del Frente Palestino para la Liberación de Palestina (FPLP). Israel prohibió al grupo y lo quiere fuera del país.
En algunos casos, las autoridades israelíes cancelan los permisos de residencia de los cónyuges de activistas políticos como castigo. Shadi Mtoor, un miembro de Fatah de Jerusalén Este, está actualmente luchando en los tribunales israelíes para mantener la residencia de su esposa en Jerusalén Este. Ella es originaria de Cisjordania.
En 2010, Israel revocó la residencia en Jerusalén de cuatro altos miembros de Hamas, tres de los cuales fueron elegidos para el Parlamento palestino en 2006 y uno que se desempeñó como ministro del gabinete, con el argumento de que representan un peligro para el estado. Tres viven ahora en Ramallah y uno está bajo detención administrativa. Una audiencia en el Tribunal Superior de Israel está programada para el 26 de octubre.
En algunos casos, Israel no emite una identificación de residencia para un niño cuyo padre es de Jerusalén y su madre de Cisjordania.
El derecho internacional condena explícitamente el traslado forzoso de civiles.
“En última instancia, nuestra decisión es permanecer en esta ciudad”, dice Hammouri.
A principios de septiembre, la policía israelí lo citó y le informó de la intención del ministro del interior israelí de revocar su residencia en Jerusalén.
“Me dijeron que constituía un peligro para el estado y que pertenezco al Frente Popular para la Liberación de Palestina”, dijo Hammouri.
Hammouri, ciudadano francés, nació en Jerusalén de padre palestino y madre francesa. En 2017, la familia se dividió cuando Israel prohibió a su esposa, Elsa, quien también es ciudadana francesa y en ese momento estaba embarazada, ingresar al país. Se dijo que la razón se basaba en un archivo secreto que tenía Israel.
Hammouri espera que Israel lo expulse a Francia después de que se revoque formalmente su residencia. El gobierno francés, en respuesta, emitió un comunicado pidiendo a Israel que permita que Hammouri continúe residiendo en Jerusalén.
“El señor Salah Hammouri debe poder llevar una vida normal en Jerusalén, donde nació y donde reside”, decía.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí alega que Hammouri es un “alto operativo” de una organización terrorista y continúa participando en “actividades hostiles” contra el estado de Israel.
En Francia, se está llevando a cabo una campaña de solidaridad que pide el derecho de Hammouri a conservar su residencia en Jerusalén, y los diplomáticos franceses en Jerusalén están negociando actualmente con funcionarios israelíes para que revoque su decisión. Hammouri tiene la intención de impugnar en los tribunales su caso.
Hammouri pasó más de ocho años en cárceles israelíes durante diferentes períodos. En 2011, al final de una sentencia de prisión de siete años, fue liberado en un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel (conocido como el acuerdo Shalit).
Sahar Francis, director de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros conocida como Addameer, dijo a Al Jazeera que “la cancelación de la residencia es ilegal según el derecho internacional”.
“El estado de ocupación no tiene derecho a cancelar la residencia de personas protegidas bajo el Cuarto Convenio de Ginebra. Esto se llama transferencia forzosa y está prohibida”, dijo Francis.
El FPLP primero se opuso a los Acuerdos de Oslo de 1993, pero luego llegó a aceptar la solución de dos Estados. Sin embargo, en 2010 hizo señas a la OLP para que pusiera fin a las negociaciones con Israel y afirmó que solo es posible una solución de un solo estado para palestinos y judíos.
“Veo un horizonte muy oscuro”, dice Khaled Abu Arafeh, de 59 años, ex ministro de la Autoridad Palestina.
“Israel invertirá los recientes desarrollos locales y regionales de normalización y el resultado será la expulsión de los habitantes de Cisjordania y la reformulación de la posición de los palestinos de 1948”, añade.
Abu Arafeh se desempeñó como ministro de Asuntos de Jerusalén entre marzo de 2006 y marzo de 2007 en el gobierno de Ismail Haniyeh, que se formó después de que Hamas obtuviera la mayoría de escaños en las elecciones parlamentarias de 2006.
Dos meses después de la formación del gobierno palestino, la policía israelí notificó a tres miembros del Consejo Legislativo Palestino (CLP) y al ministro del gabinete Abu Arafeh, todos de Jerusalén, que tenían 30 días para renunciar a sus puestos o su estatus de residencia sería revocado.
La amenaza de la policía israelí fue rechazada y los cuatro acudieron a los tribunales para impugnar el ultimátum del Ministerio del Interior.
El 29 de junio de 2006, la policía israelí llevó a cabo una amplia campaña de arrestos dirigida a 45 miembros del PLC recién elegidos y 10 ministros del gabinete. Los miembros del CLP de Jerusalén Muhammad Abu Teir, Muhammad Totah, Ahmad Atoun y Abu Arafeh se encontraban entre los detenidos. Israel los acusó de pertenecer a la lista de “reforma y cambio”, que estaba afiliada al movimiento islámico Hamas.
Abu Arafeh fue condenado a 27 meses de prisión y fue puesto en libertad en septiembre de 2008. Abu Teir y Totah recibieron sentencias más largas y no fueron puestos en libertad hasta mayo de 2010.
El 1 de junio de 2010, la policía israelí los volvió a convocar. Esta vez se les ordenó que entregaran sus identificaciones de Jerusalén y se les dio un mes para salir de Israel.
Justo cuando el plazo estaba a punto de expirar, la policía israelí arrestó a Abu Teir.
Atoun se encuentra actualmente bajo detención administrativa, la cuarta desde 2014.
En 2018, el Tribunal Superior de Israel dictaminó que la decisión del Ministerio del Interior de retirar el estado de residencia era ilegal ya que no había leyes que la respaldaran. Sin embargo, le dio al Ministerio del Interior seis meses para ir a la Knesset a promulgar una ley. La Knesset aprobó una ley que permite la revocación de residencias para las personas que se consideran no leales al estado de Israel.
Los cuatro palestinos hasta el día de hoy no tienen documentos de identificación que les permitan cruzar los puestos de control israelíes en Cisjordania. El único documento que pudieron obtener fue una licencia de conducir de la Autoridad Palestina, pero solo después de que el ejército israelí lo aprobara.
Como no tienen documentos de identidad, rara vez se aventuran fuera de Ramallah por miedo a ser detenidos y arrestados en un puesto de control israelí.
Los cuatro apelaron el fallo del Tribunal Superior y exigieron que Israel les proporcionara una residencia alternativa para que pudieran vivir legalmente en Cisjordania. Una audiencia judicial está programada para el 26 de octubre, pero Abu Arafeh no espera un fallo favorable.
“No esperamos una decisión a nuestro favor; las autoridades de ocupación están usando el tiempo en nuestra contra”, dijo.
Una mujer palestina que pidió ser identificada como JA, de 24 años, nació en la ciudad de Belén en Cisjordania. Su padre es de Jerusalén Este y tiene una identificación de Jerusalén. Pero su madre es de Belén y tiene una tarjeta de identificación emitida por la Autoridad Palestina.
El Ministerio del Interior israelí ha rechazado todas las solicitudes para emitir una tarjeta de identificación a JA porque nació en Cisjordania. La Autoridad Palestina tampoco proporcionó una tarjeta de identificación porque su padre tiene una identificación de Jerusalén.
Así que actualmente no tiene ningún documento. Esta situación ha causado a JA un sinfín de problemas para registrarse en las escuelas, encontrar empleo, abrir cuentas bancarias y otras necesidades habituales. Ella nunca ha viajado.
JA ahora está demandando al Ministerio del Interior israelí en un intento por obtener una residencia legal.