Mikel Zabalza fue torturado aplicando las técnicas habituales de Intxaurrondo y cuando murió en la «bañera», el crimen ocultado por la cúpula de Interior, la misma que en aquella época participó en el diseño y contratación de mercenarios y agentes para los GAL. La versión oficial, aún en vigor y nunca desmentida desde Madrid, afirmaba que Zabalza escapó de su detención en Endarlatsa y que murió ahogado cuando intentaba cruzar el Bidasoa. Fernando Grande-Marlaska, el hoy ministro del Interior, sucesor del de la versión oficial José Barrionuevo, ha continuado con la invención, avalando con su afirmación de que a aquella muerte le ha seguido una «actuación impecable» del Estado de derecho.
En febrero de 2022, la comisión de valoración de víctimas de «abusos policiales» (eufemismo de terrorismo de Estado) del Gobierno vasco, reconoció que la versión oficial era «simplemente increíble», avalando la constancia, incluida la del CESID-CNI, de que Mikel Zabalza había muerto a consecuencia de las torturas. Los audios filtrados de conversaciones entre agentes no dejaban espacio siquiera a la duda. Marlaska, en cambio, ni se enrocaba. Todo había sido perfecto y la prueba del algodón para mantener su versión había sido notoria. A Barrionuevo ya le indultaron y el ministro elevó al teniente general Arturo Espejo, implicado en las torturas a Zabalza, a uno de sus puestos de confianza.
Pocas víctimas habrán albergado el calor popular e incluso el apoyo institucional que ha recibido en estas décadas Mikel Zabalza. La cuestión estuvo relacionada con su naturaleza. Galindo y su equipo arrestaron a Mikel y su entorno sospechando que era un mugalari de ETA. Pero el detenido tenía por antecedente únicamente su condición de pastor en la zona fronteriza de su localidad natal, Orbaizeta. Cuando su arresto estaba afiliado a ELA y era conductor de autobuses en Donostia. Su entorno fue torturado y salió en libertad sin cargos. Galindo había errado, pero en el fracaso, su equipo mató a Zabalza. Si Mikel hubiera sido efectivamente un militante o colaborador de una organización clandestina, el relato habría sido otro. Pero Mikel era «inocente».
Sin embargo, tanto Marlaska como sus antecesores se apalancaron en una versión histórica. Contra los militantes de ETA o de otras organizaciones armadas vascas, todo valía. La impunidad y el premio estaba asegurado, que se lo digan a Espejo, y el relato se mantendría vivo, en cualquiera de los escenarios futuros. Marlaska ha demostrado, como en su tiempo otros mandatarios como Pérez-Rubalcaba, que es un hombre de Estado para quien la tortura ha sido uno de los ejes necesarios e imprescindibles en el mantenimiento de la presencia policial española en Hego Euskal Herria. Sin tortura, el Estado se resquebraja.
Sabido es que de los once casos en los que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo) ha tirado de las orejas a España por no investigar las denuncias de torturas, siete de ellos correspondían a diligencias incoadas por Marlaska. Sabido es que el primer protocolo contra la tortura que elaboró Baltasar Garzón, otro juez de infausto recuerdo, tuvo en Marlaska uno de sus más ardientes antagonistas. Ni grabar en los calabozos, ni atención por médicos de confianza, ni siquiera informar a los familiares del paradero de los detenidos. Una y otra vez negó la aplicación de estas normas, habituales por otra parte en la mayoría de los Estados de la Unión Europea.
Ahora que con el paso del tiempo tendemos a simplificar el pasado y sus acontecimientos, deberíamos rescatar que esa «actuación impecable» del Estado de derecho, generó esa letra pequeña que hoy oculta Marlaska. Que el PSE culpó a los detenidos con Mikel Zabalza, entre ellos Idoia Aierbe, la compañera de Mikel, y Jon Arretxe, de fabricar denuncias falsas de torturas. Que Ricardo García Danborenea, entonces secretario general del PSOE en Bizkaia, se encargó de extender el bulo de que Mikel era un confidente policial que había sido descubierto y ejecutado por ETA. Que Policía Nacional y Guardia Civil apalearon a los manifestantes que exigían la verdad sobre la desaparición, primero, y la muerte, después, de Mikel Zabalza. Fernando Buesa, portavoz del grupo socialista en Gasteiz, remató: «Zabalza se ahogó sencillamente. No hay señales de malos tratos y eso demuestra que no se puede hablar de abuso de la Guardia Civil. Eso es absolutamente falso».
La huelga general fue rechazada por PSOE, UGT y la derechona (entonces CP) que dieron pábulo a la versión oficial. Una versión que fue defendida con semejante virulencia, que cuatro personas detenidas en Iruñea (Justo Larraona, José Antonio López, Roberto Errazkin y Eduardo Elizetxe) por denunciar las torturas a Mikel Zabalza sufrieron a su vez y según denunciaron, malos tratos. Torturados para tapar las torturas. Torturados por negarse a aceptar la versión oficial. Torturados por estar en desacuerdo con una «actuación policial impecable». La dirección general de la Guardia Civil anunció medidas legales contra las personas que dudaron de la versión, hecho que nunca sucedió. Y en la huelga, decenas de heridos. Cargas policiales que, según la prensa, fueron las más duras de la década. Hace unos meses, incluso, aquel agujero estrecho por el que supuestamente escapó Mikel en Endarlatsa, ha sido anchado anónimamente para que el relato de Marlaska tenga mayor credibilidad.
Semanas después de la detención, el Gobierno civil de Gipuzkoa, liderado por Julen Elgorriaga (el del secuestro y muerte de Josean Lasa y Joxi Zabala), aún mantenía la versión de que Mikel Zabalza «había ayudado a pasar la frontera a miembros de ETA». Con el objetivo de deslizar el argumento de que, en ese caso, su muerte, incluso por tortura, era legítima. Y esa es, finalmente, la idea que mantiene Marlaska. Criminalizando al enemigo, al oponente, al contrario, los derechos humanos se suspenden. Y así Marlaska obtendrá un sillón a la vera de los grandes de España.