Entre los condenados a perpetuidad, la naturaleza del delito no tiene que ver con la liberación de los presos y la posibilidad de su libertad
El Estado francés alberga a 187 centros penitenciarios, divididos en dos grandes categorías: las «maison d´arrêt» y los centros de cumplimiento. Antes del confinamiento por la covid, y según el último censo, la población carcelaria era de 70.710 presos (de ellos 2.785 mujeres). En febrero de este año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) condenó a París por el hacinamiento carcelario, incluidas las prisiones no metropolitanas de Ducos (Martinique) y Nuutania (Polinesia). Recordarán cómo en la prisión de Baiona, en 70 plazas se apretujaban 122 presos.
Con la pandemia, Nicole Belloubet, ministra de Justicia del Gobierno de Macron, anunció que liberaría a 13.500 presos. No cumplió su palabra, porque soltó a 8.500, cinco mil menos de los anunciados, una cifra importante aun y todo. Entre los que aligeraron las cárceles no hubo presos políticos, ni siquiera los que más años llevaban entre rejas, cuatro de ellos más de 30. De ellos, tres son vascos: Jakes Esnal, Txistor Haranburu y Jon Kepa Parot. El cuarto un comunista libanés, Gorges Ibrahim Abdallah.
Abdallah fue detenido en Lyon en 1984 bajo la acusación de militar en la resistencia libanesa que combatía la invasión israelí de su país, en concreto en las FARL (Fracciones Armadas Revolucionarias Libanesas). La inteligencia francesa le consideraba delegado en la clandestinidad de las FARL en Europa. Un año después, las FARL que tenían secuestrados a cuatro ciudadanos franceses en Líbano, llegaron a un acuerdo: el canje de Abdallah por el de Sidney Peirolles, hijo del escritor Gilles Perrault y director del Centro Cultural Francés, que había sido secuestrado una semana antes en Trípoli. Las FARL cumplieron su compromiso, pero París, en el último momento, renegó del suyo y no trasladó, como había firmado, a Abdallah a Argelia.
Un año más tarde, Abdallah sería imputado como cómplice en la muerte de dos supuestos diplomáticos, un miembro de la CIA y otro del Mossad, en atentados ocurridos en París en 1982. Sus compañeros negaron las acusaciones y, de hecho, en la última campaña electoral francesa, salió a relucir el nombre del autor material de las muertes de los dos espías, un libanés que murió después de una larga enfermedad en Beirut, en 2016.
En 1987 Abdallah fue condenado a cadena perpetua. Días más tarde saltaba el escándalo cuando su abogado Jean Paul Mazurier desvelaba que trabajaba para los servicios secretos franceses. Pero el juicio no fue anulado. Desde 1999, los nuevos abogados de Abdallah, atendiendo a la legislación francesa que permite la solicitud de la condicional a los condenados a perpetua a partir del cumplimiento de los 18 años en firme, han solicitado en siete ocasiones la libertad de su defendido. Con el apoyo a veces de jueces y fiscalía y la firma incluso de su libertad.
Pero desde el Estado profundo francés, en especial con movimientos del departamento de Estado de Washington a través de Manuel Valls, aquel ministro del Interior francés opuesto al fin ordenado de ETA y que concluyó siendo el alcaldable de Ciudadanos para Barcelona, se vetó la liberación de Abdallah. René Naba, uno de los periodistas franceses más refutados, llegó a calificar a Manuel Valls con relación a esta cuestión como el «perro caniche» de EEUU. Abdallah lleva en prisión 36 años.
Esnal, Haranburu y Parot fueron detenidos en abril de 1990. Llevan en las prisiones francesas más de 30 años. Como en el caso de Abdallah y otros con condenas a perpetuidad, sus abogados solicitaron su libertad pasado el «periodo de seguridad carcelario», los 18 años de condena. En el último instante, una mano negra ha frenado su excarcelación. Los motivos no son de recibo, al menos si realizásemos una comparativa en ese Estado que se reclama abusivamente como la Patria de los Derechos del Hombre.
Entre los condenados a perpetuidad, la naturaleza del delito no tiene que ver con la liberación de los presos y la posibilidad de su libertad. El caso de Anis Naccache fue uno de los más conocidos. En 1980 atentó en Neuilly sur Seine contra Shapur Bajtiar, el último primer ministro del Shah de Irán. Dos años después fue condenado a perpetuidad. Salió de prisión en 1990, a pesar de que en el atentado contra Bajtiar murieron dos policías.
En la cercanía tenemos el caso del militante de IK, Filipe Bidart, condenado a perpetuidad por la muerte de dos gendarmes en Baigorri en 1982, hecho que siempre negó y que reivindicó el BVE, y otro en Biscarrosse en 1987. Bidart cumplió 19 años de prisión para salir en condicional confinado en Beziers.
Tampoco habría que juzgar como causa insuperable la injerencia de un Estado ajeno al francés en el mantenimiento de un preso. Más recientemente, en febrero de 2019, el ciudadano iraní Jalal Rohollahnejad fue detenido en el aeropuerto de Niza a petición de Washington. Llegaba de Teherán, vía Moscú. EEUU lo acusaba de comprar material bélico para Irán y de espiar para China. Un juzgado de Aix-en-Provence aprobó su extradición a EEUU, pero, hace unos meses, en plena pandemia y restricción de vuelos, Rohollahnejad fue «devuelto» a Teherán, canjeado por un sociólogo francés, con el consiguiente enfado de Washington.
Las supuestas injerencias de Madrid en la liberación de los tres prisioneros vascos, incluso las coacciones a través de Manuel Valls, tampoco pueden ser argumentos. Recordarán que, en 1985, dos agentes franceses explosionaron un barco de Greenpeace en Nueva Zelanda, matando a uno de sus tripulantes, Fernando Pereira. Detenidos los dos agentes franceses autores del atentado, Alain Mafart y Dominque Prieur, fueron condenados por terrorismo por un tribunal de Auckland. París presionó, prohibió incluso importaciones de Nueva Zelanda, hasta que consiguió que sus agentes cumplieran la condena en Francia. Al día siguiente los puso en libertad.
La supuesta patria de los derechos humanos, de la «liberté, egalité, fraternité» no actúa con ecuanimidad. Si lo hiciera, Jon Kepa, Txistor, Jakes… y Abdallah estarían ya en libertad.