La existencia de presos y exiliados políticos es siempre la expresión de un conflicto político no resuelto. De la misma manera dar solución a su existencia es síntoma de avance en una solución política al conflicto que los ha generado.
En Euskal Herria, refiriéndonos únicamente a los últimos 60 años de conflicto con los Estados español y francés, se calcula que son más de 2500 las personas que han tenido que huir al exilio escapando de la represión española. Actualmente calculamos que son alrededor de 50 los que permanecen en esa situación, 13 de ellos en condición de deportación.
Desde 1978 han sido 3300 los vascos que han sido encarcelados, mayoritariamente en prisiones españolas y francesas, por su compromiso en la lucha de liberación de Euskal Herria. Actualmente son 257 los que continúan en esa situación.
La conclusión es obvia, el conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés sigue muy lejos de ser resuelto y la actitud cruel y vengativa en relación a los colectivos de presos, refugiados y deportados evidencia la negativa de ambos Estados a plantear una solución en clave de justicia, libertad y democracia basada en el respeto al derecho de autodeterminación de los Pueblos. Al contrario, ambos Estados, desde la negativa a asumir el carácter político del conflicto y la necesidad por tanto de una solución política al mismo, han apostado y siguen apostando por la represión como forma de tratar de liquidarlo, que no solucionarlo.
Si la negativa a respetar el ejercicio del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos como instrumento internacionalmente reconocido para solucionar los conflictos de soberanía nos aleja del concepto de democracia, la apuesta por la represión nos lleva a chocar con la realidad de la vulneración sistemática de los derechos humanos.
Y es que la apuesta por la represión necesita mostrar su eficacia para tratar de ganar legitimidad ante la opinión pública sobre la idea de “quizás no gusta pero funciona”. Una efectividad que se mide en número de detenciones, encarcelamientos, ... y se sustenta en la construcción de todo un entramado político, legal, jurídico y mediático que busca legitimar la represión y trata de garantizar la impunidad de su ejercicio. La idea es ocultar la represión y hacer desaparecer así incluso el “no gusta” de la ecuación porque no existe y quedarse únicamente con el “funciona”. Necesidad de eficacia, real o ficticia, e impunidad son los parámetros en los que se mueve la represión.
Es en este contexto que la tortura, la ilegal y criminal política penitenciaria, la utilización de escuadrones de la muerte, la política de tirar a matar de las diversas policías, ... por citar sólo algunas de las expresiones que adopta la represión, se dan con toda su fuerza a la vez que son ocultadas por el entramado que citábamos más arriba.
Otra de las características de la represión es su constante aumento en profundidad y extensión. Profundidad en el sentido de mejorar, en aras a una mayor efectividad e impunidad, los instrumentos jurídicos, políticos, legales, mediáticos y materiales de los que se sirve. Extensión en el sentido que cada vez abarca a más sectores populares. Lo que se ha venido conociendo como el “todo es ETA” y que trajo consigo el “todo vale”.
Así, según un informe encargado por el Gobierno Vascongado y dirigido por Pako Etxeberria -prestigioso Doctor especialista en medicina legal y forense- recoge la existencia de 4113 casos de tortura estudiados y documentados solo en las provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desde 1960 a 2014. Es significativo que el Gobierno español haya frenado la posibilidad de que un informe similar pueda ser realizado en Nafarroa a petición del Gobierno Navarro. Euskal Memoria constata en Nafarroa más de 600 casos de tortura documentados. Según esta misma entidad dedicada a la recuperación de la Memoria Histórica en nuestro País, son más de 5657 los casos de torturas denunciados y documentados y más de 20.258 las personas detenidas por motivaciones políticas. La realidad supera con mucho estos datos.
Para hacerse una idea de las dimensiones de la represión de la que estamos hablando conviene señalar que nuestro país tiene unos 3 millones de habitantes, lo que trasladado a Venezuela significaría la detención de casi 300.000 personas y elevaría 41.130 o 56570, según la fuente a la que acudamos, las que habrían sido torturadas.
Es fácil de entender que es la tortura uno de los principales factores que ha obligado al exilio a más de 2500 vascos y la fórmula empleada para condenar a prisión a miles.
Presos y refugiados, militantes anulados?
Una de las ideas que hay que tener clara a la hora de abordar la realidad de los represaliados políticos vascos es la permanencia en su militancia política. Presos y refugiados no viven su situación de manera pasiva. La cárcel, el exilio o la deportación no consiguen anularles como militantes, no les impide seguir aportando, en la medida de sus posibilidades, al proceso de liberación abierto en Euskal Herria.
Del otro lado los Estados español y francés han pretendido históricamente utilizarles como rehenes políticos, como elemento de chantaje frente al Pueblo que lucha. De ahí que tanto la política penitenciaria como la dirigida hacia exiliados y deportados haya estado históricamente ligada y supeditada a la “política antiterrorista” planteándose siempre en la clave de arrepentimiento o exterminio. Aún hoy sigue planteándose en términos similares con la idea de sustentar un relato sobre el pasado en clave de vencedores y vencidos, y el animo de lastrar el futuro manteniendo al independentismo atado a la resolución de las consecuencias del conflicto ya desarmado para que no explore nuevos caminos de confrontación política, democrática y de soberanías.
Frente a los exiliados y deportados mediante diversos instrumentos. Desde la utilización de escuadrones de la muerte bajo diversas siglas (BVA, Triple A, BVE, GAL...) que asesinaron a 83 personas en el postfranquismo, siendo 26 de ellos exiliados; pasando por la búsqueda de la implicación internacional en la represión mediante entregas y extradiciones hacia el Estado español, condenando así a las personas exiliadas a vivir en la más absoluta clandestinidad haciendo imposible una vida mínimamente normalizada.
Mención aparte merece la figura de la deportación. Los deportados son personas que sin ningún tipo acusación concreta, sin haberse realizado ningún juicio en su contra -negandoles incluso la posibilidad de una defensa formal- son detenidos (normalmente en territorio francés), expulsados y obligados a vivir en un tercer país en base únicamente a acuerdos privados entre España, Francia y el País de acogida. La deportación es una situación de hecho que no existe siquiera en el ordenamiento jurídico. No tiene ninguna base legal ni administrativa. Comenzó a aplicarse en 1984. En total fueron 74 las personas deportadas, 10 los países de deportación: Panamá, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Togo, Gabón, Cabo Verde, Argelia y Sao Tomé. Actualmente son 13 los vascos que permanecen deportados y son 11 los fallecidos en la deportación.
En el caso de los presos la dispersión penitenciaria, el aislamiento, la desasistencia sanitaria, las agresiones de parte de carceleros y guardia civiles,... forman parte del entramado de medidas que pretenden llevar las condiciones de vida en las prisiones al límite de la resistencia humana.
La dispersión es una medida adoptada por el Gobierno español que es contraria a la propia legalidad vigente en ese Estado y a la legislación europea. Esa legalidad señala que todo preso debe cumplir su condena en la prisión más cercana a su lugar de residencia, sin embargo el Gobierno español dispersó a los presos por toda la geografía penitenciaria del Estado español en más de 70 cárceles y los alejó a cientos e incluso miles de kilómetros, incluso a territorios insulares como Las Islas Canarias (2.330 kms) y el consiguiente castigo añadido que ello supone a los familiares de los presos. También esta fórmula se utilizó contra los presos en el Estado francés.
La dispersión es además el paraguas de impunidad para el resto de agresiones contra los presos pues al separarles en pequeños grupos y alejarlos de su entorno social y afectivo aumenta su indefensión frente a la agresión continuada que significan las condiciones de vida que se les imponen.
Consecuencia de esas condiciones de vida impuestas es el fallecimiento de 31 presos, 17 presos en prisión y 14 que lo hacían tras ser excarcelados o permanecer en prisión domiciliaria debido a su grave estado de salud. También consecuencia de la dispersión, de los miles de kilómetros que deben hacer familiares y amigos para poder acudir a a las visitas, han sido ya 16 los fallecidos en la carretera.
En todo caso, el esquema que se ha impuesto a presos, refugiados y deportados es similar: llevar al límite sus condiciones de vida para tratar de romperlos, primero como personas y luego como militantes políticos, para tratar lograr su sometimiento y claudicación políticas y hacer de llo un activo contra la lucha del pueblo vasco contribuyendo a imponer una lectura interesada del relato político: nunca merico la pena luchar.
Cambio de estrategia, presos, refugiados y deportados políticos vascos.
Retomando la idea de que en situación de cárcel, exilio o deportación esas personas siguen siendo militantes comprometidos otra idea a tener en cuenta es que su actuación va siempre ligada a la estrategia del movimiento del que se sienten parte y la evolución de esta determina la posición de aquellas.
En ese sentido señalar que hasta 2011 la estrategia de la izquierda abertzale situaba en la negociación política entre ETA y el Estado español la fórmula para la solución al conflicto político y sus consecuencias, entre ellas la existencia misma de presos y refugiados. La resistencia y acumulación de fuerzas para lograr esa negociación era el objetivo central de la dinámica política tanto en la calle como en las cárceles o el exilio.
Ya en 1995 con la conocida como Alternativa democrática y con el Acuerdo de Lizarra-Garazi suscrito en 1998 por la mayoría política, sindical y social vascas comienza a cambiar la forma de entender la solución al conflicto y sus consecuencias.
Por un lado es la propia Organización ETA quien señala que no es nadie para negociar y decidir el presente y futuro político de Euskal Herria, que ello corresponde a las organizaciones políticas, sindicales y sociales vascas y a las instituciones que ellas se vayan dotando. Planteaba al mismo tiempo que serían las garantías y condiciones que debían darse para que el proceso abierto fuera realmente democrático y sin injerencias las que podría negociar con el Estado. Es en aquella época cuando refugiados y deportados deciden comenzar a volver a Euskal Herria como aportación al proceso democrático que intentaba abrirse paso.
Tras el fracaso de aquél intento surgió el que se conoció como proceso de Loiola (2005/2006) y la teoría de los dos carriles. Uno en el que se negociarían las cuestiones relativas a la solución del conflicto armado y sus consecuencias en el que participaría ETA y el Gobierno español y otro en el que las formaciones políticas vascas negociarían las cuestiones relativas al futuro político de Euskal Herria. Fórmula que tuvo su concreción en Suiza entre otros escenarios. Aquél nuevo intento finalizó también fracaso.
El paso de los años y el fracaso por tercera vez de unas nuevas conversaciones políticas -Argel (PSOE), Lizarra-Garazi (PP) y Loiola (PSOE)- , pusieron en evidencia que la cerrazón del estado hacía imposible, inviable y difícilmente alcanzable un nuevo proceso negociador. Persuadida de ello, la izquierda Abertzale dio inicio a un cambio de rumbo en la estrategia.
En 2011 se producen una serie de hechos que suponen un punto de inflexión en lo relativo a una posible solución dialogada al conflicto político y sus consecuencias.
El 17 de Octubre se presenta la “Declaración de Aiete” impulsada y suscrita entre otros por Kofi Annan, ex-secretario general de la ONU y en cuyos dos primeros puntos se señala:
1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.
2.- Si dicha declaración fuese realizada instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.
El 20 de Octubre de 2011 ETA anuncia el abandono definitivo de la lucha armada. Pero este, el primer punto de la Declaración de Aiete, es el único que se ha cumplido. El Gobierno español sigue negándose a dar el más mínimo paso para avanzar en la solución siquiera de las consecuencias del conflicto y a partir de ahí es cuando irrumpe con especial fuerza un concepto que determina el cambio en la estrategia de la izquierda abertzale: la unilateralidad.
Un concepto que parte de la constatación de la total cerrazón del Estado español de cara a avanzar en el camino de una solución política y negociada y que defiende el hecho de que los pasos a dar en este sentido tendrán que ser en base a las mayorías políticas y sociales que se puedan alcanzar en Euskal Herria y a su capacidad de presión. Esto tiene unas consecuencias clara en el terreno de presos y refugiados políticos.
El proceso político abierto en Euskal Herria y la solución a la situación de lo presos no se van a producir de una manera lineal y cronológica en el tiempo. El esquema primero presos y refugiados a casa, segundo reconocimiento y ejercicio del Derecho de Autodeterminación y tercero independencia y socialismo no se va a dar de esa manera sino que la relación entre esos tres carriles va darse de manera dinámica y dialéctica. Es decir, la presión y avance en cada uno y cualquiera de esos carriles va a conllevar el avance en los otros. Cada represaliado que vuelve nos sitúa más cerca del ejercicio del DAD y cada paso hacia el ejercicio del DAD nos acerca a la vuelta de los represaliados. Cada paso dado en uno de esos carriles va a significar un paso en los otros dos.
Y este esquema nos lleva a la conclusión de que no podemos estar esperando al reconocimiento y ejercicio del DAD para conseguir la vuelta a casa de presos y refugiados, sino que tenemos que explorar todas las vías posibles para traerles a casa cuanto antes y seguir trabajando, con su cualificada aportación, para superar las causas que históricamente han provocado la existencia de presos y refugiados.
Y en esas estamos. Teniendo como norte la vuelta a casa de todos ellos, tratar de conseguir la adhesión social suficiente en torno al logro de lo que consideramos las medidas más urgentes y prioritarias tanto de cara a las prisiones como al exilio y la deportación y que contribuyan avanzar en el camino hacia una Euskal Herria sin presos, refugiados ni deportados políticos.