Una "amenaza" regional: la criminalización de Venezuela por otros medios

El ministro de Gobierno de facto en Bolivia, Arturo Murillo, acusó a nueve venezolanos de sedición
Misión Verdad

Desde que se consolidó el golpe de Estado en Bolivia, con la renuncia forzada de Evo Morales y su posterior exilio producto de las amenazas de muerte en su contra, se ha pretendido vender la narrativa de que elementos extraños al proceso político boliviano amenazaban la estabilidad política del país andino.

Instalado el gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, fueron apareciendo las supuestas pruebas que sirvieron para tomar decisiones clave en varios frentes.

Relatos forzados

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Áñez fue la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela, decisión que fue impulsada porque el personal venezolano en ese país "atentaba contra la seguridad interna". A esto se sumó la captura de "nueve venezolanos" supuestos con armamento de guerra para promover la violencia contra el nuevo gobierno.

Para agregarle responsabilidad al Ejecutivo venezolano, durante la presentación de los sujetos detenidos, el funcionario policial encargado de develar el caso detalló que entre las pertenencias incautadas se encontró una insignia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y memorias Micro SD con fotos de los capturados portando uniforme militar y armamento de guerra, elementos que, según el imaginario de los golpistas, debe portar cualquiera que pretenda hacer espionaje en otro país.

Paralelo a este evento, en El Alto, ciudad del departamento de La Paz, fueron detenidos cuatro colaboradores de la misión médica cubana bajo el mismo esquema de acusación. Luego de las averiguaciones, se demostró que la cantidad considerable de efectivo que portaban era para el pago de la logística de los 107 cubanos que conforman la misión médica. En un principio, los golpistas y medios afines "informaron" que dichos recursos estaban destinados al financiamiento de los disturbios.

Un día antes de estas detenciones, el ministro de Gobierno de Áñez, Arturo Murillo, amenazó con "cazar" a venezolanos y cubanos y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dicen ellos operan en ese país.

Las FARC entran en escena simultáneamente junto con Venezuela y Cuba como otro elemento promotor de la "sedición" contra el gobierno de facto en Bolivia. La policía del país andino-amazónico reportó como herido al argentino Facundo Morales Schoenfeld, de 44 años, como miembro del grupo insurgente. Con la misma ambigüedad que en los casos anteriores, las autoridades bolivianas vincularon a este sujeto con los hechos violentos en Santa Cruz, de acuerdo a unos mensajes conseguidos en su teléfono.

Este tríptico sirvió, en primer termino, como apología de la represión y persecución contra los seguidores de Evo Morales, movimientos sindicales e indígenas y con ello anular cualquier forma de organización popular que intentara revertir el golpe de Estado.

En el plano diplomático y de cooperación internacional esta narrativa fue utilizada para finiquitar la alianza en materia de cooperación establecida con Cuba, y el retiro definitivo de los galenos que conformaban la misión médica cubana. Asimismo, el personal diplomático de Venezuela fue retirado en su totalidad.

Por otra parte, el gobierno de facto aprovechó el impulso de los acontecimientos para borrar cualquier signo que estuviera relacionado con los países satanizados. Esto incluyó su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por ser un escenario que "no interesa" a la nueva administración. Además, analizaban también el retiro de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Otros antecedentes

Antes de que se consolidara el golpe de Estado en Bolivia se registraron los primeros signos de antivenezolanismo. Cuando Carlos Mesa no reconoció el triunfo de Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre, se desató una ola de violencia que derivó en el ataque por parte de los sectores más radicales a aquellos elementos que estuvieran relacionados con Venezuela.

El derribo de la estatua de Chávez, símbolo de la integración en América Latina, representó un viraje que pretendían dar los que estaban detrás del golpe de Estado.

Venezuela en todos los escenarios

En los últimos escenarios de protestas en Sudamérica han intentado vincular forzosamente a venezolanos como promotores de desestabilización.

A principios de octubre en Ecuador inició una ola de movilizaciones y protestas contra el paquete de medidas recetadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las medidas aplicadas por el presidente de esa nación, Lenín Moreno, destacaba la liberación del precio del diésel y la gasolina, entre otras.

El descontento social fue liderado por el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (FENACOTIP) y grupos vinculados al Movimiento Revolución Ciudadana (MRC). Por la incapacidad para contener las revueltas, el gobierno de Moreno decretó un estado de excepción.

Con todas las razones que tenían los ecuatorianos para protestar, la ministra de Gobierno, María Paula, resaltó la detención de 41 venezolanos, supuestamente implicados en la organización de las protestas.

Este mismo guión fue aplicado en Chile una semana después. El aumento del transporte público desencadenó una ola de protestas a nivel nacional que devino en la aplicación de toque de queda en las principales ciudades de ese país. A pesar de que el presidente Sebastián Piñera anuló la medida, el descontento social no pudo ser contenido porque se sumaron otras demandas históricas como el reclamo por una educación gratuita y la desigualdad social.

Ese escenario de violencia también fue protagonizado por venezolanos y cubanos, cuando autoridades chilenas informaron sobre la expulsión de 50 extranjeros, entre los que se contaban 30 cubanos y nueve venezolanos. El gobierno en esa oportunidad argumentó que su decisión se debió a que estas personas "protagonizaron saqueos y estuvieron involucrados en desórdenes".

Pero el que más ha acusado a Venezuela de ser responsable de casi todos sus problemas es el gobierno colombiano. Este año, la administración del presidente Iván Duque ha tenido un papel protagónico en el impulso de la narrativa que pone al gobierno venezolano como un factor desestabilizador para la región.

La acusación de albergar grupos irregulares colombianos en Venezuela, sin mostrar pruebas, denuncia que fue llevada a la ONU con imágenes falsas, y la campaña por situar a ese país como el generador de la crisis migratoria en la región, son las principales argumentos de la Casa de Nariño. Curiosamente, en esta campaña Colombia es el país que más ha recibido recursos por parte de Estados Unidos para "atender" la crisis migratoria en la región.

Esta postura de Colombia, Ecuador y Chile, a pesar de los conflictos locales, responde a la política exterior de Estados Unidos, tamizada a través de la OEA y el Grupo de Lima, que fungen como operadores políticos y cuyo fin es buscar un cambio de régimen en Venezuela.

Como era de esperarse, ante las últimas movilizaciones y protestas que se han llevado a cabo en Colombia desde el jueves 21 de noviembre, la Casa de Nariño tomó la decisión de expulsar a 60 venezolanos. Esta decisión se debe a que supuestamente estos ciudadanos estaban involucrados en los hechos vandálicos de Bogotá.

Esta acción tiene un antecedente previo, cuando la vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, advirtió que, ante el llamado a paro y marcha nacional, estas convocatorias serían infiltradas desde el exterior con fines desestabilizadores. Como en los casos de Ecuador, Chile y Bolivia, se usó a Venezuela para seguir agregando elementos al expediente que desde hace algún tiempo se arma contra el país suramericano como un factor de influencia negativa en la región.

Las "nuevas" voces contra Venezuela

Con la consolidación del golpe de Estado en Bolivia, no es casual que el gobierno de Áñez se una al coro de voces orquestado por Estados Unidos.

Contrario a esta postura, no es casual que Venezuela, Cuba y Nicaragua sean catalogados como una suerte de "eje del mal" en tanto que son autónomos de la política exterior estadounidenses.

Por eso, a pesar de que hay varias situaciones en el continente que requieren atención, Venezuela constituye uno de los principales focos de atención.

Recientemente, un medio colombiano reveló un audio entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco "Pacho" Santos Calderón y la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en que exponen, entre otras cosas, la necesidad de mantener el "tema Venezuela" sobre el tapete de los acontecimientos geopolíticos en la región.

Resulta contradictorio que con la crisis humanitaria e inestabilidad política que buscan proyectar de Venezuela, cuya imagen muestra un gobierno contra las cuerdas que necesita de una intervención militar para salvar a millones de venezolanos, aporte capital humano y monetario para desestabilizar a otros países.

Fuente
http://misionverdad.com
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