De Bogotá a Puerto Príncipe con escala en Miami

Jornada electoral en Puerto Príncipe, Haití. Foto: Alejandro Saldívar
Marco Teruggi

Los países que no importan en los grandes medios pueden ser estratégicos. Es el caso de Haití, en pleno mar Caribe, en el occidente de la isla compartida con República Dominicana, a 1100 kilómetros de Miami, 850 de la guajira colombiana, 537 de Jamaica, en la ruta entre Cuba y Venezuela. Allí fue asesinado el presidente Jovenel Moïse con 12 disparos calibre 5.56 y 7.62 mm. Faltaban dos meses para las elecciones presidenciales.

Un campesino en Gonaïves, Haití. Foto: Alejandro Saldívar

Ocurrió el 7 de julio en plena noche. “Somos agentes de la DEA y si sale de casa recibirá un disparo”, se gritó desde la primera de las seis camionetas del comando de 28 mercenarios y 3 policías haitianos al llegar a la residencia de Moïse, en el barrio de Pétion Ville, en Puerto Príncipe. La DEA, Administración para el Control de Drogas estadounidense, una palabra clave en muchos países, en particular en uno, como Haití, marcado por el narcotráfico.

El primer grupo neutralizó a los dos primeros anillos de policía. La puerta principal estaba entre-abierta, ingresaron, dispararon contra Moïse y su esposa. La operación dentro de la casa duró cerca de 28 minutos, confesó uno de los mercenarios. Martine Moïse fue llevada en un avión ambulancia a Florida, en el sur de Estados Unidos, donde sobrevivió.

La salida de la residencia no fue como prevista, las camionetas partieron solo con los conductores, y los mercenarios fueron interceptados en la huida por un retén de las fuerzas de seguridad. Escaparon a un edificio cercano, donde permanecieron varias horas, hasta que se dividieron: unos se entregaron, otros quedaron dentro, otros salieron por la parte trasera y se refugiaron en la embajada de Taiwan donde, horas después fueron capturados. Dos más fueron detenidos por vecinos de barrios cercanos. El saldo final: 17 arrestados, 4 muertos, los demás prófugos.

Al día siguiente del asesinato fue revelado el primer dato que dio cuenta de una operación internacional: 26 de los mercenarios eran colombianos y 2 haitianos-estadounidenses. La trama, como comenzó a revelarse y a la vez a ocultarse, implicó a numerosos actores e intereses.

Simpatizantes de Martelly en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

El asesinato expuso al más alto nivel de la política colombiana. No solamente trece de los mercenarios habían sido soldados del Ejército -algunos con entrenamiento en Estados Unidos- y uno resultó ser primo hermano del Alto Consejero para la Seguridad de Iván Duque, sino que tanto el actual presidente como Álvaro Uribe resultaron fotografiados junto al dueño de la empresa CTU Security, Antonio Intriago, encargado de contratar a los mercenarios del magnicidio.

Intriago, un venezolano radicado en La Florida, estado que es base central de operaciones de sectores golpistas de las oposiciones de Cuba y Venezuela, resultó ser una de piezas claves. Estuvo en las reuniones para planificar el asesinato, como la que sucedió en un hotel de Santo Domingo, donde estuvieron el mercenario haitiano-americano, James Solages, Emmanuel Sanon, médico y pastor acusado de ser parte de la autoría intelectual, un financista llamado Walter Veintemilla ( con una empresa con sede en Florida que habría aportado 860 mil dólares) y un ex senador haitiano, Jhon Joel Jospeh.

Jospeh está ahora prófugo, junto a otros inculpados, entre los cuales Rodolphe Jaar, acusado en el 2013 de contrabando de cocaína desde Colombia a Estados Unidos pasando por Haití. Jaar había sido una “fuente confidencial” del gobierno estadounidense durante años, según su mismo abogado. Dos de los mercenarios, probablemente los haitianos-americanos, también fueron señalados de haber sido informantes de la DEA y el FBI.

La investigación también puso en el centro de la sospecha a Dimitri Hérard, encargado de la seguridad del entonces presidente. Hérard voló a Ecuador, Colombia y República Dominicana en los meses previos y días anteriores al embarque de los colombianos a Haití. Su rol explicaría cómo el comando ingresó y retiró de la residencia con tanta facilidad. La presencia de un infiltrado fue confirmada por uno de los mercenarios, que también explicó que nunca hubo carta de renuncia como se especuló: el plan siempre fue matar a Moïse.

Las declaraciones oficiales no arrojaron datos sobre posibles autores intelectuales internacionales. Varios medios colombianos buscaron exculpar a los mercenarios y desvincular a Intriago tanto de Duque como de Uribe. Ninguna pista fue hecha pública sobre el rol estadounidense. ¿Pueden haber operado 28 mercenarios, varios de ellos relacionados con las agencias de inteligencia, con una contratista militar basada en Miami, haber asesinado al presidente de Haití, sin que haya existido conocimiento o luz verde desde Washington o las agencias? El hecho de que Colombia y Estados Unidos sean parte de la investigación permite presuponer silencios y omisiones.

Respecto a la autoría nacional, una hipótesis reside en que Sanon, inculpado, podría ser un distractivo. La responsabilidad central apuntaría a grandes empresarios, como Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, éste último dueño del negocio eléctrico en el país con la empresa Sogene, enfrentado a Moïse por haberle suspendido los pagos y exigido la devolución de 123 millones de dólares por fraude al Estado. El ahora fallecido presidente los había señalado en febrero de este año como parte de un “pequeño grupo de oligarcas” que estaba tras un intento de golpe de Estado y de su asesinato.

Una mujer se lava la cara en un campamento en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

Una hipótesis dada por los investigadores afirma que el plan original era hacer firmar una carta de renuncia a Moïse. Sin embargo, las declaraciones oficiales no arrojaron datos sobre posibles autores intelectuales internacionales. Varios medios colombianos buscaron exculpar a los mercenarios y desvincular a Intriago tanto de Duque como de Uribe. Ninguna pista fue hecha pública sobre el rol estadounidense. ¿Pueden haber operado 28 mercenarios, varios de ellos relacionados con las agencias de inteligencia, con una contratista militar basada en Miami, haber asesinado al presidente de Haití, sin que haya existido conocimiento o luz verde desde Washington o las agencias? El hecho de que Colombia y Estados Unidos sean parte de la investigación permite presuponer silencios y omisiones.

Respecto a la autoría nacional, una hipótesis reside en que Sanon, inculpado, podría ser un distractivo. La responsabilidad central apuntaría a grandes empresarios, como Réginald Boulos y Dimitri Vorbe, éste último dueño del negocio eléctrico en el país con la empresa Sogene, enfrentado a Moïse por haberle suspendido los pagos y exigido la devolución de 123 millones de dólares por fraude al Estado. El ahora fallecido presidente los había señalado en febrero de este año como parte de un “pequeño grupo de oligarcas” que estaba tras un intento de golpe de Estado y de su asesinato.

Una pinta contra la MINUSTAH en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

Las elecciones estaban previstas para el mes de septiembre de este año, en un contexto de crisis. Moïse cerró el Parlamento en enero de 2020 y, en febrero de este año, debía terminar su mandato según quienes sostienen que el inicio de su período presidencial comenzó al finalizar el del anterior mandatario, Michel Martelly, de su mismo partido, en febrero del 2016. Sin embargo, Moïse afirmaba que había comenzado a gobernar en el 2017, ya que las elecciones del 2015 habían sido anuladas y repetidas en 2016. Por eso iba a retirarse en febrero del 2022, gobernando por decretos, y no en el 2021 como pedía la oposición y grandes movilizaciones.

En el 2018 estallaron las protestas por el aumento de la gasolina dentro de un plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, realizado en el contexto del cierre de envíos de gasolina desde Venezuela bloqueada por Estados Unidos. El escenario combustionó aún más con la denuncia de corrupción hecha por el manejo de los fondos de PetroCaribe, el programa de apoyo impulsado por Hugo Chávez en el 2008. El gobierno denunció entonces a la familia Vorbe por estar detrás esa investigación para desestabilizarlo.

Los dos últimos años de Moïse agravaron la situación: fin del poder legislativo, territorios controlados por alguna de las 77 bandas armadas presentes en la isla provocando cerca de 10.000 desplazados, narcotráfico desde Colombia y Jamaica a través de áreas marítimas con poco control, tráfico de armas, y un apoyo del presidente Donald Trump, traducido en un alineamiento geopolítico del gobierno haitiano. La actual administración estadounidense continuó con el respaldo, aunque, con cuestionamientos dentro del partido Demócrata, críticos con Moïse y las próximas elecciones, como fue hecho público semanas atrás -sectores que, por ejemplo, también piden revisar el bloqueo a Cuba.

El primer ministro Claude Joseph quedó al frente tras el magnicidio. Sin embargo, días atrás Moïse había designado a Ariel Henry en su lugar, que no llegó a tomar posesión debido al asesinato, y reclamó su lugar frente a Joseph. El Senado, con el tiempo de mandato cumplido y sin funcionamiento, nombró por su parte a Joseph Lambert como presidente, y Henry como primer ministro. Claude Jospeh se mantuvo, Estados Unidos lo reconoció, pero anunció que no enviará tropas a la isla, como pidió el ahora encargado del gobierno.

¿Por qué asesinar entonces a Moïse a dos meses antes de la contienda que parecían poder realizarse? Existen pistas políticas, una de ellas es la oposición a la reforma constitucional que, entre otras cosas, buscaba pasar a un parlamento unicameral, permitir la reelección presidencial de dos mandatos consecutivos, cambiar la figura de primer ministro por vicepresidente. Sin embargo, la hipótesis principal apunta a una disputa económica por la cuestión energética, clave en los negocios haitianos y en la geopolítica caribeña, zona donde Estados Unidos ha desplegado una fuerte iniciativa en los últimos meses.

El magnicidio trajo más caos al caos en un país donde en 2004 fue derrocado Jean-Bertrand Aristide, se sucedieron ocupaciones, la conformación de -como se ha llamado- una “República de las ONG” luego del terremoto del 2010, cuando organismos y agencias internacionales pasaron a manejar más recursos que el Estado y a ejecutarlos, a excepción de PetroCaribe, sin consultar con los representantes haitianos. La crisis permanente puede ser funcional a negocios, contrabandos, intereses extranjeros, una enseñanza que muestra Haití bajo el sol de la isla y la memoria de la revolución negra que le dio nacimiento.

Paisaje en Puerto Príncipe. Foto: Alejandro Saldívar

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https://www.revistalate.net/
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