La Audiencia Nacional considera a Causa Galiza y Ceivar organizaciones criminales para la comisión de delitos de enaltecimiento, y solicita la ilegalización de ambas y 102 años de cárcel para 12 de sus miembros.
Consideran que la movilización ciudadana es clave en la resolución de un conflicto que mayoritariamente afecta a las familias de las presas y presos vascos. Tomando como ejemplo Ipar Euskal Herria, proponen seguir adelante para conseguir también nuevos pasos en Hegoalde y caminar hacia el fin de la dispersión.
Hace 33 años, el 19 de junio de 1986, el ex presidente y recientemente suicidado por corrupto, Alan García, ordenó una de las peores masacres de la historia del Perú. Ese día, efectivos policiales y militares ingresaron a las cárceles de El Frontón, Lurigancho y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, en la provincia del Callao y ejecutaron a 250 presos y presas políticas del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso).
La Red Ciudadana Sare ha cumplido cinco años y hoy, ha celebrado un acto junto a personas del ámbito cultural, político, sindical, así como de la sociedad civil que durante estos años han sido parte de esta ámplia red, para hacer un balance de estos cinco años y compartir, con todas las personas, los nuevos objetivos marcados para este nuevo ciclo que se ha abierto en Euskal Herria.
Isolamenduko 26. ziega da berea. Bogotako segurtasun handiko La Picota espetxean. Leber sindromearen ondorioz duela hamar urtetik itsua izateaz gain, diabetesa du. Hala ere, erabateko bakardadean isolaturik dute. Bi margolari greziarren izena du jaiotzez, Seuxis Paucias Hernández Solarte, nahiz eta ezagunagoa den gerrillan guda ezizen bezala erabili zuenagatik, Jesús Santrich.
Presoak politiko dira ezarritako sistema itogarri honen aurka borrokatzeagatik, kapitalak herriak ito ez ditzan antolatzeagatik.
En un comunicado con motivo del Día Internacional del Preso Político que GARA publicará mañana, EPPK valora el recorrido de un año que «no ha sido fácil». Apunta que «el cansancio y la lenta velocidad» de los cambios «no nos llevará al desestimiento». Y anuncia su voto para la izquierda independentista.
El juicio contra 47 personas ligadas a la labor en defensa de los derechos de los presos arrancará el 16 de setiembre en la Audiencia Nacional española. La Fiscalía solicita penas de entre 8 y 20 años de prisión bajo las acusaciones de «participación activa en organización terrorista», «continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación del terrorismo». En total, 601 años.