Al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la exguerrilla de las FARC-EP, firmantes del acuerdo firmado en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos, han sido asesinados desde 2016, según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
Casi cerrando el mes de abril, cuando se publica esta breve nota, y con datos de Indepaz, el número registrado de líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia asciende a 52, con la muerte violenta de la indígena Sandra Peña en Caldono, departamento del Cauc, el pasado martes 20 de abril.
Este año la violencia sobre estos sectores se ha profundizado con respecto al año pasado. Para llegar a la cifra de 50 asesinatos en Colombia tuvo que llegar el mes de junio de 2020, lo que confirma una aceleración de las consecuencias del conflicto social y armado existente en el país vecino desde hace más de medio siglo.
Además, la cantidad de excombatientes de las FARC-EP firmantes de los acuerdos de paz asesinados llega a 16 en 2021, cuando Yeison Ayala Ruiz fue asesinado el 18 de abril en el municipio La Macarena, departamento de Meta.
Asimismo, se han registrado en Colombia un total de 28 masacres hasta la fecha.
Organizaciones sociales en Colombia alertan por aumento de desapariciones forzosas
“En su mayoría, las respuestas de las diferentes instituciones estatales fueron poco claras", expresó el comunicado.
Diversas organizaciones sociales que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia, emitieron este miércoles un comunicado a través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) donde denuncian que en el país las desapariciones forzadas aumentan drásticamente.
“Las organizaciones que hacemos parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos destacamos y agradecemos la rigurosidad con la que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas preparó y adelantó su examen a Colombia”, expresó la misiva.
“Resaltamos el llamado que le hizo al Estado colombiano sobre la importancia de contar con una política pública integral para la prevención de la desaparición forzada, que logre integrar los esfuerzos de las diferentes instituciones, con el firme propósito de hacer efectivo el derecho a la verdad que la sociedad colombiana tiene”, recalcó la declaratoria.
#Comunicado 📣 ¿El Gobierno Duque perdió el examen sobre desaparición forzada? 🧾
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas interrogó al Estado colombiano sobre los avances en esta materia.
Conoce lo que pasó en la sesión👇🏽https://t.co/BZhFyXvuFD pic.twitter.com/VkcZZjuVPh— Movice (@Movicecol) April 21, 2021
Se enfatizó en la importancia de que se presenten avances en las investigaciones de casos como “la niña embera abusada sexualmente y desaparecida forzadamente por integrantes del ejército”. Al mismo tiempo, en lo referido a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, el Comité fue enfático en resaltar la imprecisión en las cifras presentadas por el Estado colombiano y la falta de acción de la Fiscalía.
“Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el Registro Nacional de Desaparecidos determina que son 44.490 las víctimas, la Fiscalía indica que tiene información de 10.499 niños, solo 530 asociados a reclutamiento forzado, y cerca de 9.000 siguen desaparecidos, sin precisar cuántos corresponden a desaparición forzada”, denunció el informe.
#Murindó
La perpetua crisis de derechos humanos y humanitaria de pueblo Embera, líderes amenazados, mujeres embarazadas forzosamente, reclutamiento. https://t.co/eW5lknxblS @PBIColombia @gimena_wola @ABColombia1 @JFColombia @kolko_mail @Oidhaco @amnesty— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) April 20, 2021
“Por otra parte, el Comité pidió información, y el Estado no respondió, sobre las desapariciones, asesinatos y descuartizamientos ocurridos en varias cárceles del país, empezando por la cárcel Modelo; sobre la competencia y articulación entre las instituciones encargadas de la búsqueda en casos de desapariciones forzadas cometidas con ocasión o no del conflicto armado”, insistió la declaratoria.
De igual manera no hubo respuesta “sobre las medidas que se han tomado para incorporar los enfoques diferenciales (mujeres, étnico, niñas, niños, adolescentes, Lgbtiq y personas en condición de discapacidad) en los registros nacionales de personas desaparecidas”, dijo la nota emitida por Movice .
“No hubo claridad en cuanto a las fosas encontradas por la población civil y que se han reportado a la Fiscalía”, precisó el documento oficial. “Sobre ello la institución respondió que no cuentan con los recursos para recuperar los restos”, agrega el texto.
“En su mayoría, las respuestas de las diferentes instituciones estatales fueron poco claras y precisas, y dejaron ver una clara fragmentación. La delegación tuvo que comprometerse a entregar la información faltante por escrito para que el Comité pueda efectuar su evaluación y recomendaciones en los próximos días", subrayó el comunicado.