Entre 1975 y 1985, grupos de extrema derecha cometieron al menos 33 atentados en Nafarroa o contra navarros fuera del herrialde. Así lo recoge un estudio elaborado para el Gobierno navarro por cuatro investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid.
Al menos 33 atentados en Nafarroa o contra navarros fuera del herrialde fueron cometidos por grupos de extrema derecha entre los años 1975 y 1985, actos que van desde las muertes de Montejurra, a la de Ángel Gurmindo en Hendaia, la desaparición del iruindarra José Miguel Etxeberria ‘Naparra’, la bomba contra el bar Lacalle, al ametrallamiento de librerías, ataque a sedes de partidos políticos y sindicatos y de varios establecimientos de hostelería e incluso una peña de San Fermín.
Así se recoge en el estudio ‘El Terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)’, encargado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Nafarroa a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que ha sido elaborado por cuatro investigadores del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, de la Universidad Carlos III de Madrid.
El trabajo profundiza en el contexto político de la llamada Transición, en la respuesta legislativa del Estado ante esos hechos y en las circunstancias que hacen que apenas existan casos esclarecidos por las investigaciones policiales y judiciales y que, en general, el reconocimiento de tipo legal sea insuficiente.
El derecho a conocer la verdad
Este informe forma parte, tal y como ha señalado la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, en la presentación, de los varios estudios que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ha encargado «en un intento de clarificar el pasado y contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo, en este caso vinculadas al GAL y a los grupos de extrema derecha. Todo ello desde el derecho a la verdad que debe ayudar a concienciar a la sociedad sobre esta realidad», ha expuesto.
Ollo ha señalado que este informe se ha realizado desde la perspectiva de defensa de los derechos humanos, con una mirada de memoria crítica con ese pasado. «Pero sobre todo con esa mirada a las víctimas y a la necesidad de amparar su derecho a la verdad, pero también a la reparación que como sociedad les debemos», ha reflexionado.
En la presentación, también han participado el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; Javier Dorado, director del estudio; e Ignacio Pérez Macías, ambos doctores en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, que junto a Carlos Villalba y Lidia Señarís han conformado el equipo de investigadores de este informe.
Informe no cerrado
Se trata de un informe que no está cerrado, pues consta que agresiones con daños personales y desperfectos en locales y viviendas no se denunciaron, en unos casos, y en otros quedaron fuera de las leyes aprobadas para reconocer y compensar a las víctimas por falta de sentencias judiciales.
Esta circunstancia ha llevado a los autores del informe a realizar un llamamiento a cualquier persona o familiar que pueda ofrecer datos o detalles sobre la violencia de extrema derecha en Nafarroa, a dirigirse a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.
De este modo, el informe recoge un cuadro de atentados relacionados de forma aproximada y no exhaustiva, «dada la naturaleza de la violencia ejercida por los grupos de extrema derecha, tal y como hemos explicado, muchas acciones quedaron impunes, sin denuncia ni procedimiento judicial. Algunos datos proceden de los testimonios prestados por las víctimas».
También se menciona la relación de grupos y bandas de extrema derecha que actuaban ya desde los últimos años del régimen: Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Anti-Terrorismo ETA), Batallón Vasco Español o Acción Nacional.
Muchas de ellas con un denominador común del «mesianismo católico» que autojustificaba su acción violenta por las «reivindicaciones territoriales o separatistas, la imposición de un credo religioso o la represalia por una acción previa», según se indica en el estudio.
El trabajo de investigación también constata que las acciones «en muchos casos eran apoyadas o encubiertas por sectores del aparato del Estado. Algunos funcionarios eran contrarios, por convencimiento ideológico, al establecimiento de un sistema político democrático».
Asimismo, el informe concluye que «el daño causado fue elevado, a una sociedad que pretendía avanzar hacia la consolidación de la democracia. El terrorismo de extrema derecha –continúa- dejó un rastro de sufrimiento personal y social, que no ha sido tratado con la justicia que merecen todas las personas que han sufrido la violencia terrorista».