Un mes después de que NAIZ lo adelantara, el viceconsejero de Derechos Humanos de Lakua, José Antonio Rodríguez Ranz, ha confirmado en Euskadi Irratia que miembros de las FSE se han registrado en la ley para reparar a víctimas del Estado. Y ha reafirmado el objetivo de la norma.
NAIZ y GARA publicaron el 26 de diciembre una información titulada ‘Guardias civiles intentan sabotear el reconocimiento a víctimas estatales con 300 solicitudes’. En ella se daba cuenta de un auténtico escándalo, aunque apenas tuvo eco más allá de este medio: mediante una campaña premeditada, miembros de las FSE se han registrado como víctimas en el proceso abierto por esta norma en la CAV, en un nuevo intento de torpedearla, esta vez desde dentro. Cinco semanas después, este martes esa noticia ha sido confirmada por el viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno de Lakua, José Antonio Rodríguez Ranz, en una entrevista a Euskadi Irratia.
Preguntado por si le constataba esta campaña de solicitudes –claramente fraudulenta, además de insultante para las verdaderas víctimas del Estado–, Rodríguez Ranz ha dicho que «manteniendo la confidencialidad, no diré cuántos son pero sí hay un bloque que tiene esa caracterización. Estamos al final del proceso que atañe a esas solicitudes».
«Yo tengo claro cuál es el objetivo de esa ley: reconocer y defender a las víctimas de la violencia del Estado», ha remarcado acto seguido.
Las fuentes en las que basa su información NAIZ señalan que ha podido haber unas 300 solicitudes de este tipo, en su mayoría presentadas por guardias civiles y amparándose en el apartado que da pie a solicitar el reconocimiento como víctima de «incontrolados».
En la entrevista, Rodríguez Ranz ha explicado que se han recopilado en total «más de mil solicitudes» en el proceso de inscripción que acabó a mediados de diciembre. En consecuencia, el porcentaje de solicitudes fraudulentas sería realmente alto.
Interpelado por el modo en que se tratarán las solicitudes de las FSE, José Antonio Rodríguez Ranz ha recordado que hay una comisión encargada de hacer una valoración y que finalmente «yo mismo firmaré las resoluciones». Se le ha preguntado entonces si hay alguna opción de que algunas lleguen a ser aceptadas y el viceconsejero ha reiterado que «tengo claro para qué se aprobó la ley», aunque no ha querido ir más allá porque «la comisión tiene toda la libertad para hacer su valoración».
José Antonio Rodríguez Ranz, en la entrevista de este martes. (Euskadi Irratia)
En realidad, la campaña policial para tergiversar esta ley 12/2016 no ha sido secreta, sino que ha dejado huella pública. Así, ‘La Razón’ publicó ya en 2020 que la Asociación Pro Guardia Civil (APROG) «ha remitido a los agentes un dossier en el que se explican pormenorizadamente los pasos a seguir para formular las solicitudes». Auguraba la opción de trasladar «miles» de peticiones.
En una revista del instituto militar se recogió también la invitación de ASESGC (Asociación de Escala Suboficiales de la Guardia Civil) a concurrir al proceso abierto por Lakua, con oferta de asesoramiento jurídico para ello. En la nota se incluye este apunte, reconocimiento explícito del fraude de ley que se pretende: «Esta Ley, comúnmente conocida como ‘Ley de abusos policiales’, no está pensada para resarcir a los funcionarios públicos ante estas vulneraciones de derechos humanos, aunque la generalidad de su redacción permite encontrar acomodo para su aplicación a todo tipo de víctimas que cumplan los requisitos establecidos».
Informe de Deusto
En los micrófonos de Euskadi Irratia, el viceconsejero de Derechos Humanos ha sido preguntado también por el reciente informe sobre violaciones de derechos humanos contra las FSE presentado por el Gobierno Urkullu y realizado por la Universidad de Deusto. Ante las denuncias de parcialidad al haberse obviado la violencia perpetrada por esos cuerpos policiales, Rodríguez Ranz ha alegado que «poner de manifiesto esas vulneraciones no quiere decir que compartamos las formas de hacer de las Fuerzas de Seguridad. Solo quiere decir que en este momento hemos puesto el foco ahí».
«Esto hay que ubicarlo en una serie», ha pedido José Antonio Rodríguez Ranz. Así, ha argumentado que en informes oficiales anteriores ya se han analizado «las vulneraciones de derechos sufridas por la Ertzainza, las sufridas por los familiares de presos, las sufridas por concejales…. Esto va en esa cadena».
Este fin de semana pasado, en Onda Cero, la consejera Beatriz Artolazabal también afirmó que «nuestro informe no ampara las vulneraciones de las FSE», criticando expresamente a NAIZ.