Desde que los operadores en Colombia del clan Guaidó secuestraron los activos de Monómeros Colombo-Venezolanos, empresa filial de Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), en mayo de 2019, mucha contraversia se ha desprendido de su gestión.
Las irregularidades en torno a la compañía venezolana radicada en Barranquilla apenas pueden ser cubiertas por la llamada junta ad hoc, que mientras estuvo a cargo de Monómeros evitó responder las preguntas de los ex diputados alineados al extinto "interinato" en julio pasado sobre la facturación de bienes a la venta de manera inescrupulosa y la mala gestión de la fundación (con fines sociales para nueve departamentos colombianos).
Incluso un senador del Centro Democrático (partido uribista), Carlos Meisel, acusó a la administración ad hoc de robarse Monómeros, y publicó a través de Twitter un comunicado del sindicato de la empresa, SintraMonómeros, con el que denuncia un convenio aprobado por los gerentes y la junta directiva que menoscaba los intereses de la compañía y violenta las disposiciones legales vigentes.
Sintramonómeros asegura que tras una indagación sobre "el alcance" del referido convenio, se concluyó que "el marco normativo (…) es tan general que da cabida a cualquier interpretación" y establece, entre otros puntos cuestionables, que Monómeros recibirá el 40% de las utilidades de las operaciones conjuntas, mientras que la "empresa colaboradora" se hará con el 60%.
La "empresa colaboradora" es Lionstreet Ventures, S.A., una firma constituida en Panamá.
La denuncia señala al seudo gerente general, Guillermo Enrique Rodríguez Laprea, y a la junta directiva impuesta por Guaidó. Rechazan que esta empresa de desarrollo de tecnología apenas fue constituida en 2018 y ni siquiera tiene un registro confiable de operaciones en Panamá.
— La Tabla (@latablablog) June 23, 2021
"No hay estado financiero que respalde la solidez requerida para suscribir y ejecutar el acuerdo", explica Sintramonómeros en el comunicado. Y detallan que el acuerdo fue objetado incluso por la Gerente de Consultoría Jurídica, Ángela Sierra Bustillo.
Con negocios turbios de por medio, y justo en el comienzo de la mesa de diálogo instalada en México, el gobierno de Iván Duque a través de la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó los activos de la filial de Pequiven, maniobra que el Gobierno Bolivariano califica de "asalto en flagrancia".
En un comunicado publicado vía Twitter, el gobierno del presidente Nicolás Maduro especifica que rechaza esta acción y la cataloga como una agresión al país, por parte de la administración encabezada por Iván Duque, "en complicidad con las mafias lideradas por Juan Guaidó, quienes han robado millones de dólares mediante el secuestro y la apropiación ilegal de activos procedentes de la República".
La toma de los activos, que consta del Complejo Petroquímico Libertador Simón Bolívar (Barranquilla) y el Complejo Petroquímico Antonio Nariño (Buenaventura), significó la guinda del pastel desde que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos permitieran que Juan Guaidó tomara el control de Monómeros, debido a que la empresa ha entrado en caída vertical en cuanto a ganancias y funcionamiento.
En poco más de tres años, ha habido cinco gerentes generales de facto que no lograron revertir la situación. La importancia de la empresa en el mercado interno colombiano dio pie a la intervención de los activos petroquímicos venezolanos, una acción ilegal a todas luces en el marco del Derecho Internacional y que no deja de ser una ofensiva de fuerza por parte del gobierno de Duque, lesionando los intereses de la República Bolivariana en connivencia con el antichavismo extremista "en el exilio".
Pugna y secuestro
El presidente Maduro había propuesto llevar un documento a la mesa de diálogo en México firmado por los productores de la empresa "para exigir que Monómeros sea devuelta a sus dueños: Pequiven y PDVSA" para que "todos los productos de Monómeros vengan a Venezuela a contribuir en la recuperación económica integral del país".
Dicha filial entraría en los planes del Gobierno Bolivariano por "levantar el mapa industrial y de encadenamiento productivo", así afirmado por el primer mandatario venezolano.
Pequiven adquirió el 100% de las acciones de la empresa en 2006, desde entonces hasta 2019 era manejada por un grupo de empresas públicas y privadas colombianas.
La compañía produce los fertilizantes que requiere el sector agropecuario venezolano y tiene la capacidad de producir y comercializar 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas al año, con el fin de ser utilizadas para los agrobjetivos nacionales, como fertilizantes complejos granulados, alimentos para animales con fuentes concentradas de fósforo, calcio y sodio azufre, productos industriales como soda cáustica, ácido fosfórico, amoniaco, ciclohexanona (caprolactama), sulfato de sodio, entre otros.
Pero esto no es de interés para las elites del agro en Colombia, compuestas por financieros, terratenientes y compañías locales y extranjeras, puesto que la empresa con sede en Barranquilla produce más del 50% de los fertilizantes de la agricultura colombiana, un mercado que no se puede desmerecer desde cualquier punto de vista.
De hecho, el 94% de la producción de la compañía se destina para el mercado interno de Colombia.
El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, resaltó que Monómeros representa el 88% del sector fertilizantes en el departamento del Atlántico, abastece el 50% del mercado nacional y es la empresa número 15 en tamaño y la 17 en ventas de esa región.
La pésima gestión de los gerentes fake y la junta ad hoc ha provocado un sismo dentro de la misma política colombiana. No solo Meisel se pronunció en contra de la administración liderada por el clan Guaidó, también se han unido voces de otros congresistas como César Lorduy, quien planteó la expropiación de la empresa por parte del Estado colombiano, o acaso se la venda a inversionistas privados con el fin de impedir que Venezuela la recupere.
#Tablazo Congresistas de #Colombia piden a su gobierno “tomar cartas en el asunto” y no permitir que Venezuela retome control de #Monomeros robada por la #bandaGuaidó. El parlamentario César Lorduy dijo que el Estado debe expropiarla o “venderla” a inversionistas privados. pic.twitter.com/1ZiFG2vRkW
— La Tabla (@latablablog) September 1, 2021
Asimismo, el senador conservador Efraín Cepeda aseguró que "se puede pagar al gobierno de Guaidó el precio de la empresa pero no puede salir del país", contituyendo esta propuesta en un delito financiero y contra la República Bolivariana, siendo el ex diputado de Voluntad Popular un interlocutor ilegítimo respecto a los activos venezolanos en el exterior. Es notorio el complot político en torno a los activos de Monómeros, codiciados por la oligarquía del agro en el vecino país.
#Tablazo Congresista colombiano que pidió expropiación/venta de Monómeros trabajó en la petroquímica venezolana por 36 años y fue electo en la misma fórmula del presidente del Senado, Arturo Char, integrante de clan político-empresarial que controla el departamento del Atlántico. pic.twitter.com/IXYJi1FCQU
— La Tabla (@latablablog) September 8, 2021
Lo cierto es que la filial de Pequiven, hoy secuestrada por el gobierno colombiano, ha sido progresivamente destruida por sus actuales gerentes de facto, induciendo mediante la corrupción y la pésima gestión la falta de mantenimiento de sus complejos que no ha permitido su pleno desnvolvimiento en el mercado interno de fertilizantes.
Pero lo más grave en la administración de Monómeros está por develarse: hace unos meses, en una entrevista hecha por Últimas Noticias a José Brito, quien preside la Comisión Especial designada para investigar al Poder Legislativo correspondiente al periodo 2016-2021, éste reveló que la empresa "está siendo utilizada como plataforma de grupos delincuenciales colombianos. No quiero dar más detalles para no enturbiar la investigación".
Sin embargo, sí dio algunas pistas sobre negocios ilegales en torno a la producción de Monómeos: "(...) se estaría incidiendo para el aumento de la producción de urea en detrimento de otros fertilizantes", dijo Brito al periódico caraqueño, y amplía:
"La mayoría de esta sobreproducción de urea estaría siendo adquirida por un holding de empresas que maneja, dirige y planifica su hermano Roberto Benzecry Izaguirre [familiar de un directivo ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo]. Ellos tienen marcada vinculación con el lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria que es Fabio Ochoa. Y este holding de empresas estaría vendiéndole urea al cartel de los Ochoa y el cartel que maneja alias Doble Rueda, señalado de ser el que manejaba los campamentos cuando la Operación Gedeón. Es decir, el verdadero negocio de Monómeros es suministrar urea a los carteles del narcotráfico colombiano".
Como ya se ha dicho en una nota anterior, la urea, por su versatilidad, puede tener varios usos en la producción de cocaína. Uno de ellos es que puede ser utilizada para producir amoniaco de manera clandestina, ya que el mismo está restringido por su uso ilícito en la producción de estupefacientes. La urea también es usada para el proceso de cristalización de la pasta de coca, de hecho es uno de los "precursores" clásicos para la fabricación de cocaína.
Visto desde afuera, no sorprende que se conjugue una triada criminal con distintos intereses contra Venezuela. Por una parte, los intereses que subyacen por parte de Colombia y Estados Unidos como mayores productores y consumidores de cocaína, y, por otra, el robo de una empresa de gran valor al país petrolero para mantener el negocio de la droga y sacar a un enemigo fuerte del camino.
Por lo que existe un múltiple interés por quienes gobiernan Colombia en retener para sí, en secuestro y robo, la empresa filial de Pequiven. Sin embargo, Venezuela está en su derecho de recuperar sus activos en beneficio de la recuperación económica doméstica, y es una exigencia que se estará negociando en Ciudad de México.