En fecha reciente, durante un debate en el Parlamento Europeo, la División para Suramérica del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha señalado que no se va a cancelar el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Colombia por la situación de vulneración de derechos humanos en ese país.
Según la jefa de la división suramericana del SEAE, Verónica Lorenzo, aunque las vulneraciones de derechos son inaceptables, “no ven que en Colombia haya una violación sistemática” y por ello no se aplicaría la cláusula para cancelar el TLC. Después de reconocer la existencia de dicha cláusula que permitiría esa suspensión del tratado, la alta representante de la diplomacia europea señaló que eso solo ocurriría “en última instancia, como último recurso, cuando todas las otras posibilidades ya han sido intentadas y exhaustas”.
Pocos días después, la prensa se hacia eco de una conversación telefónica que habían mantenido el Presidente de Colombia, Iván Duque y el Alto representante de la Unión Europea Josep Borrell sobre la situación en el país. Borrell, según lo filtrado a la prensa, expresó de manera clara su solidaridad de la UE con Colombia ante la ola de protestas sociales que están sacudiendo al país suramericano. Aunque Borrell le subrayó a Iván Duque la conveniencia de que las autoridades respetaran los derechos humanos y le conminó a que todos los incidentes de violencia fueran investigados, sobre todo se mostró muy preocupado por los prolongados bloqueos de vías de transporte por el impacto que suponen para la economía colombiana, alentando al presidente colombiano a encontrar una vía de resolución a esta ola de protestas.
No estaba descaminado Borrell pues se estima que el impacto de las jornadas de paro y protesta han supuesto unas pérdidas en el ámbito económico de 4,000 millones de dólares, muy especialmente por la acción de bloqueo de las vías de tránsito por parte de los manifestantes. En ese sentido, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo ha informado que los costos diarios por cuenta de las manifestaciones son de 130,5 millones de dólares en promedio. El economista principal de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, ha declarado al diario La República que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) colombiano en el segundo trimestre de 2021 perdería tres puntos porcentuales, pues según las estimaciones pasaría del 16% al 13%. En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que aunque la economía colombiana registró un fuerte crecimiento desde el segundo semestre de 2020, las protestas sociales de este año retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad de 2021, previendo que el PIB crezca un 7,6% en 2021 y un 3,5% en 2022.
Son datos que han elevado en gran medida la preocupación de la UE en relación a la situación que se vive en Colombia. Y sin embargo, otro tipo de datos, que hacen referencia a la situación de derechos humanos no parecen hacer mella en la percepción de las autoridades europeas. Si bien la situación represiva en Colombia ha sido tradicionalmente un foco de atención continuo para los defensores de los derechos humanos, durante las fechas en las que las protestas sociales se intensificaron (y decimos se intensificaron pues Colombia ha sido escenario durante décadas de numerosas y constantes protestas sociales de todo ámbito), y que iniciaron con la intención gubernamental de modificar la política fiscal, ya han roto desgraciadamente records represivos.
La organización Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han reportado en su último balance que se divulgó el 2 de junio, 3789 casos de violencia por parte de la Policía, incluidos 45 homicidios atribuidos a los cuerpos policiales, más otros 29 casos que aún se encuentran en proceso de verificación; 1649 detenciones arbitrarias, 65 víctimas de agresiones en sus ojos; 25 víctimas de violencia sexual; 187 casos de disparos de arma de fuego. A esto hay que añadir los 111 desaparecidos que reporta la Defensoría del Pueblo, las denuncias de medios sociales que reportan numerosos casos de jóvenes incinerados, torturas y detenciones en centros clandestinos, el hallazgo de cuerpos desmembrados que se suponen sean de los jóvenes desparecidos y otras muchas violaciones a los derechos humanos que se practican sobre todo en las noches, principalmente en zonas periféricas de Bogotá y Cali. Por si ello no fuera suficiente, la represión de la protesta social en Colombia se ha ido paramilitarizando paralelamente a medida que las manifestaciones aumentaban. Son muchos los casos en los que se ha podido incluso documentar la participación de civiles en la represión contra la población, incluso con armas de fuego que han sido utilizadas por esos elementos en completa impunidad cuando no con la complicidad y el apoyo de las fuerzas policiales como el temido Esmad.
Pero a la UE esto le tiene sin cuidado, no es prueba suficiente de que en Colombia se estén vulnerando los derechos humanos de manera salvaje y sistemática. Sus intereses son otros, más ligados al papel geopolítico que juega ese Estado en el contexto de América Latina, y también de los intereses económicos existentes.
En el primero de los casos, Colombia es sin lugar a dudas el Israel de América Latina. Un Estado completamente intervenido por fuerzas militares extranjeras, alimentado con fondos destinados a la maquinaria militar y la principal base de operaciones desde la que controlar y agredir cualquier intento en la zona de apuestas políticas o sociales que se salgan de lo políticamente correcto y establecido en los despachos del gigante del Norte. Una presencia militar extranjera, estadounidense e israelí principalmente, que también tienen su razón de ser en la contención de la insurgencia interna colombiana, y que alimenta una enorme máquina de guerra que ha dejado a este país exento de cualquier noción de soberanía propia. Y como ocurre siempre, la UE juega el papel de segundón que somete sus decisiones a las de las políticas imperiales, y en el caso de Colombia no hay tampoco excepción.
En el plano económico, la UE muestra su preocupación por lo que sucede en Colombia pues la cifras económicas han ido creciendo de manera importante en los últimos años. Según los datos emitidos por la Dirección General de Estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat), el comercio bilateral entre Colombia y la UE experimentó un crecimiento del 8,1% en el primer trimestre de 2019, mientras que las exportaciones agrícolas de Colombia a la UE registraron un aumento del 12,8% respecto al mismo periodo del 2018. Entre los productos agrícolas colombianos exportados a la UE destacan el banano fresco (918 millones de euros), café sin tostar (604 millones de euros), aceite de palma y aguacate.
Las exportaciones agrícolas supusieron en 2018 el 44% del total de exportaciones a la UE, pero pese a ese fuerte aumento, las exportaciones de productos minerales siguen siendo el fuerte de ese comercio bilateral, sobre todo las que hacen referencia al carbón y al petróleo. Se calcula que el total de las exportaciones colombianas a la UE supusieron en 2018 un total de 11,1 mil millones de euros.
Por su parte, Colombia importó en 2017 desde la UE (es la última cifra existente, pero se supone que en los últimos años esto haya aumentado de manera notable) un total de 6000 millones de euros, conformados principalmente por maquinaria y aparatos mecánicos (1,180 millones de euros), productos farmacéuticos (730 millones de euros), vehículos (474 millones de euros) y aeronaves (282 millones de euros).
No es de extrañar pues la preocupación europea por la caída de la economía colombiana, que de mantenerse las protestas podría incumplir los compromisos adquiridos con las pérdidas para las empresas europeas que esto acarrearía. Y no hay que olvidar también que aparte del comercio bilateral, la UE sigue siendo el principal inversionista en Colombia, incluso por delante de EEUU. Una inversión que si bien en el pasado se concentraba sobre todo en el sector minero, poco a poco se ha ido desplazando y favoreciendo a otros sectores con mayor valor agregado, como el sector de las comunicaciones, la industria manufacturera o el sector hotelero, tal y como lo reconoce el Consejero Comercial de la UE en Colombia, Christoph Saurenbach.
Seguramente en esos datos económicos se encuentre la verdadera razón para que la UE mire hacia otro lado cuando de defender los derechos humanos en Colombia se trata. La UE podrá argumentar lo que quiera, su falsedad e hipocresía son crónicas, pero nadie duda que sus negocios tienen prioridad y mucha más importancia que la vida de los colombianos y colombianas.