35 personas torturadas o asesinadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil reciben hoy un homenaje institucional en Bilbao

 Juana Balmeda, presidenta de la Comisión de Valoración, y Jon Mirena, coportavoz, a la entrada del Parlamento Vasco el miércoles para dar lectura del informe. Foto: Irekia
Gessamí Forner y Ana Álvarez

 “Estamos contentos de que se reconozcan las cosas, pero el homenaje llega tarde”, indica Ana María Aierbe. Su hermana Idoia, torturada en Intxaurrondo en 1985, falleció en 2018.
 
 El franquismo no fue la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. Y la transición no fue justa ni reparadora, tampoco la democracia. Cualquier víctima de cualquier violencia pide lo mismo: verdad, justicia y reparación. Para impartir justicia se necesitan jueces y delitos no prescritos. Eliminada esa opción, quedan la verdad y la reparación. De estas dos cosas se ocupa la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

Su nombre es largo para estar exento de perversiones lingüísticas, pero es inexacto con las fechas: desde 1978 a 1999 es una parte de su trabajo, también se ocupa de 1960 a 1977. Esta semana, ha presentado su primer informe anual en el Parlamento Vasco. Hoy, sábado 26 de junio, día internacional de apoyo a las víctimas de torturas, se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao el primer acto de homenaje institucional a las víctimas y familiares de los 35 casos que ha podido resolver este año.

Faltan 20 casos por cerrar de los 55 que ha abierto, y faltan 982 por abrir de los 1.017 que ha recibido hasta el momento. Desde el inicio del camino, la Comisión ha perdido cuatro años debido a las demandas judiciales del Partido Popular y Ciudadanos contra la normativa vasca conformada por el decreto 107/2012 de 12 de junio y la Ley 12/2016 de 28 julio, con la intención de que fueran declaradas inconstitucionales y que la historia que cuenta este informe, y los siguientes, siguiera sin escribirse de forma institucional. Hay víctimas que llevan décadas contándola.

La conclusión principal de la Comisión es que las fuerzas policiales, principalmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, torturaron y mataron siguiendo un patrón que repetían, con la intención también de atemorizar a la población del País Vasco. También han detectado un patrón en los juzgados al ignorar sistemáticamente los casos y no incoar diligencias de investigación.

La conclusión principal de la Comisión es que las fuerzas policiales, principalmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, torturaron y mataron siguiendo un patrón, y que los jueces lo ignoraron sistemáticamente

Idoia Aierbe, novia de Mikel Zabaltza

De esta primera tanda de 35 casos resueltos de un total de 55 investigados, uno es el de Idoia Aierbe, la novia de Mikel Zabaltza. Idoia falleció en 2018, a la edad de 56 años. Tenía 23 cuando en 1985 fue detenida junto con su novio, un primo (Manolo Bizkai) y otro joven (Ion Arretxe). La Guardia Civil les torturó a todos; a Mikel, además, lo mataron. Ninguno pertenecía a ETA.

De entre los 55 casos que ha estudiado la Comisión, solo doce personas estaban relacionadas con la organización armada. Como Idoia, la gran mayoría —26 casos— no tenía filiación política conocida, más allá de ser vascos y/o hablar euskera; nueve eran militantes de partidos políticos y otros organismos; cuatro eran sindicalistas, y otros cuatro pertenecían a colectivos de cristianos de base. Mikel era un conductor de autobús, de 25 años, afiliado al sindicato ELA.

Ana María Aierbe, la hermana de Idoia, resume qué opina de este homenaje que recibirá hoy su hermana fallecida: “Llega tarde. Estamos contentos de que se reconozcan las cosas, pero viene muy tarde”, insiste a punto de cumplir 76 años. “A Idoia la torturaron hace 36 años”, en plena democracia, la democracia que ideó el plan Zona Especial Norte.

“En el coche le expliqué que la Guardia Civil nos dijo que Mikel se había escapado, pero que yo creía que estaba muerto. Y ella me dijo: Ay, qué suerte”, explica Ana María Aierbe, hermana de Idoia, torturada por la Guardia Civil por ser la compañera de Mikel Zabaltza

Ana María dejó a sus hijos en Donostia para ir a recoger, junto con sus padres, a su hermana en una prisión de Madrid. A Idoia la torturaran durante diez días en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Después la trasladaron a los calabozos de la Audiencia Nacional y luego, a la cárcel. Nadie pudo comunicarse con ella durante ese tramo de tiempo. Cuando la recogió, “estaba en un rincón como un gatito asustado y le sobraban veinte centímetros de pantalón. No digáis nada, nos decía, no digáis que me han torturado. Estaba rota. Nosotros le decíamos, estate tranquila, Idoia, ahora te llevamos a casa. Sí, por favor, dijo ella. En el coche le expliqué que la Guardia Civil nos dijo que Mikel se había escapado, pero que yo creía que estaba muerto. Y ella me dijo, ay, qué suerte”.

Al llegar a casa, Idoia empezó a dormir con la luz encendida, que no evitaba las pesadillas, luego llegaron los ataques de pánico. Fue diagnosticada de epilepsia por cómo convulsionaba en una situación de estrés. Finalmente, su cuerpo terminó con esclerosis. “No digo que una cosa venga de la otra, pero estoy segura de que las torturas no ayudaron. Y esa ha sido la vida de mi hermana, ella que era la pequeña y vivía en palmitas”. Antes de fallecer, Idoia luchó para que su historia fuera reconocida, y contó con el apoyo y cariño de su familia.

“Las torturas destrozan un montón de cosas. Traen muchas dudas, muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que reconocer, y siempre una inquietud interior, un miedo especial. Pienso que no quieren recordar. Aquellos años en Euskadi ya han pasado. Estaba ETA y estaban los otros, que daban a diestro y siniestro y se extendía a todo. Si te veían un apellido vasco, te retenían en la frontera. Las trabas para estudiar en la ikastola. Esa tensión constante”, explica Ana María.

Los casos de Manolo Bizkai y Ion Arretxe también han quedado resueltos. Junto con el de Idoia, son los únicos cerrados de la etapa democrática. El de Mikel Zabaltza permanece abierto a falta de que la Comisión reciba toda la información que ha solicitado.

“Queremos manifestar nuestra preocupación sobre el hecho de que, si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso a determinada documentación, el trabajo puede verse perjudicado seriamente”, advierte el informe

Arbitrariedad, control social y ensañamiento

La Comisión alerta de que no todas las peticiones son atendidas debidamente por parte de los organismos con los que se ponen en contacto —instituciones policiales, judiciales y sanitarias, cementerios, institutos forenses y el Defensor del Pueblo—. “No existe una fluidez en la respuesta de los motivos para la ausencia de resultados. Estamos al comienzo de la reclamación de documentación, pero sí queremos manifestar nuestra preocupación sobre el hecho de que, si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso a determinada documentación, el trabajo puede verse perjudicado seriamente”, alertan.

La parte del informe de la Comisión hecha pública a los medios de comunicación incluye un fragmento que ilustra ese “a diestro y siniestro” del que habla Ana María: “Por los casos estudiados y resueltos en este primer año, constatamos que la zona de Busturialdea y Bakio, por extensión, fue objeto de especial atención por parte de las fuerzas policiales, que protagonizaron actuaciones desproporcionadas que extendieron un clima de miedo y tensión entre la población. Muchas de estas detenciones fueron indiscriminadas. Destaca la de una veintena de personas que fueron introducidas en un autobús de línea de madrugada para ser conducidas al cuartel del a Guardia Civil de Bermeo. Todas ellas fueron puestas en libertad sin cargos, excepto cuatro, cuyo caso fue sobreseído, sin juicio, más adelante. En muchos casos, las detenciones se repetían cada cierto tiempo o ante acontecimientos determinados, perpetuando un clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad”.  

Las personas y familiares víctimas de abusos policiales pueden enviar su caso a la Comisión. Las solicitudes cursadas hasta el momento ascienden a 1.017, un número aún lejos de los 4.113 casos de torturas y malos tratos en País Vasco documentados entre los años 1960 y 2014 en la investigación dirigida por el forense Paco Etxeberria y la doctora en Derecho Laura Pego, encargado en 2014 por la Secretaria General para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco.

De estos primeros 55 casos estudiados, 11 terminaron en muerte, debido a controles de carretera indiscriminados en los que ametrallaban al conductor y/o pasajeros. 36 sufrieron torturas; otros cinco resultaron lesionados; otros dos fueron heridos de bala, y otro, una pelota de goma. El informe destaca que hay casos de personas que estuvieron detenidas y fueron maltratadas hasta en cinco ocasiones. Una persona fue arrestada y maltratada diez veces. Y de entre los 55 casos, siete ni siquiera eran adultos. Eran adolescentes.

Abrumadas

La reputada abogada experta en violencia de género Juana Balmaseda es la encargada de dirigir la Comisión de Valoración. El informe que han redactado dice explícitamente que “hay un cierto patrón de actuación por las técnicas empleadas y su etimología criminal: la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda”, así como “humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas  de extender la acción a familiares y amigas y exposición a gritos de terceros reales o grabados”.

“Me hicieron literalmente de todo. Salí muy deteriorado, tanto que hasta el juez me preguntó: ¿Qué te han hecho, chaval? Pero me mandó a prisión sin investigar nada”, indica uno de los testimonios. Otro relata cómo le torturaron atado a una litera mientras le golpeaban con una fusta que los guardia civiles denominaban “picha de toro”. El médico forense Paco Etxeberria explicó tras su informe de torturas que estos pequeños detalles eran muy útiles a la hora de establecer patrones y otorgar veracidad a los casos cuando personas que no tienen relación, viven alejadas y han pasado por comisaría en años distintos relatan los mismos detalles.

Por su parte, la Comisión ha querido recalcar que, ante esta “enorme variedad y gravedad” de los casos, “y aún siendo especialistas en la materia, las personas que formamos parte de la Comisión nos estamos viendo muchas veces sorprendidas y abrumadas de lo doloroso de los casos y aún más: de la actualidad de ese dolor en las víctimas y sus familiares que se acerca a dar su testimonio. Ello debería hacer tomar conciencia de que este no es un tema del pasado. Son personas que hoy viven entre nosotras y nosotros —algunas murieron, pero dejaron seres queridos destrozados— y cuyo dolor debe ser hoy atendido”.

La Comisión de Valoración ha estudiado en su primer informe 55 casos de posibles torturas, malos tratos y asesinatos, de los cuales ha podido cerrar 35; quedan por abrir 982
Como conclusiones recogen las peticiones de las víctimas: “Que se hagan efectivos sus derechos al reconocimiento de los hechos, la divulgación de la verdad y la reparación. Aunque las indemnizaciones económicas ni son la principal motivación de las solicitudes, ni son las formas de reparación más valoradas”. Hoy recibirán flores y algún pequeño objeto pero, sobre todo, la mirada atenta de una sociedad. Hay quien lleva años escuchándolas, hay quien hoy mirará hacia otro lado, hay quien hoy reparará en ellas.

El pasado 1 de junio, el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe de Borbón inauguraron el Memorial de Víctimas en Gasteiz, un museo donde no están las víctimas de hoy, ni muchas otras que aún carecen de reconocimiento. El 14 de abril, la fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la solicitud de Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por el GAL en 1983, para investigar las posibles implicaciones del expresidente socialista Felipe González al considerar que los presuntos delitos han prescrito.

Fuente
https://www.elsaltodiario.com/
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