Cocaleros colombianos se movilizan contra el uso del glifosato

Un avión Turbo Thrush T-65 fumiga una plantación de amapola con glifosato líquido en San Vicente del Caguán, en el Caquetá
Telesur/Nathali Gómez/Óscar Andrés Olarte

En reacción al anuncio del gobierno de reiniciar la fumigación con glifosato, los cocaleros anuncian movilizaciones.

La Asociación de Cocaleros de Colombia rechaza la fumigación con glifosato y ha anunciado este miércoles movilizaciones en rechazo a la vuelta de las aspersiones para destruir los cultivos de coca, poco después de que el Gobierno haya presentado un decreto que pretende su reactivación.

Carlos Chapuel, representante de la asociación, quien se encuentra en Bogotá para analizar la situación anunció los campesinos cocaleros comenzarán a planificar las protestas "este fin de semana" y, aunque no ha proporcionado una fecha concreta para iniciarlas, ha garantizado que se "organizarán" y se "movilizarán".

El dirigente campesino ha lamentado que, con la salida de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del departamento de Putumayo, donde vive, se suponía que llegaría el Estado, pero "nunca lo hizo" y los campesinos se vieron forzados a volver a cultivar coca.

En este sentido, ha insistido en la "voluntad" de los campesinos para sustituir los cultivos ilícitos, pero la respuesta del Gobierno de Iván Duque en este sentido ha sido "débil".

Chapuel dijo al respecto: "nosotros cultivamos coca porque no hay vías de comunicación", ha argumentado, subrayando que las vías terrestres están "degradadas" y "no existen garantías para comercializar otros productos".

La fumigación con glifosato, la estrategia antidroga por la que se decanta el Gobierno de Iván Duque, fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015 y ha sido criticada por distintas organizaciones sociales, pese a lo que el presidente Duque, firmó el decreto el lunes.

El Ministro de Defensa, Diego Molano, hizo el anuncio de que nueve aviones equipados serán los encargados de realizar las tareas de aspersión aérea con glifosato y la meta a alcanzar este año es de 26.000 ha.

Según el Gobierno de Colombia, uno de los países mayores productores de cocaína del mundo, el decreto "no reactiva automáticamente" la aspersión aérea con glifosato, ya que hace falta que el CNE verifique que se cumplen los seis requisitos que exigió el Tribunal Constitucional en 2017 para reanudar esta estrategia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el glifosato como "potencialmente cancerígeno" y nocivo para el medioambiente.


El polémico decreto que abre las puertas en Colombia a la fumigación de cultivos de coca con un herbicida cancerígeno
 
El anuncio hecho por el Gabinete del presidente colombiano, Iván Duque, ha generado un intenso rechazo entre quienes consideran que esta decisión solo causará costos humanos y daños ambientales.
 
Colombia está a las puertas de materializar uno de los proyectos defendidos con más empeño por el Gobierno de ese país para la erradicación con herbicidas de los cultivos de coca, a pesar de las decisiones judiciales que le han cortado el paso y de la oposición de distintos sectores y organismos internacionales que han alertado sobre sus impactos negativos.

Se trata de las fumigaciones aéreas con glifosato, consideradas de carácter "obligatorio" por el presidente Iván Duque para eliminar los sembradíos ilegales de coca, que alcanzan las 212.000 hectáreas en ese país. En días pasados, el mandatario emitió un decreto con el basamento legal para la cristalización de una de sus promesas electorales y de su compromiso con Washington.

Esta semana, en un mensaje institucional conjunto, los ministros de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y de Defensa, Diego Molano, anunciaron el decreto presidencial 380 que establece los lineamientos del 'Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea', que no será puesto en marcha aún, según afirmaron.

Orejuela aclaró que este marco normativo "no reactiva automáticamente el Programa" , debido a que le corresponda al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) tomar la decisión sobre la reanudación de las aspersiones aéreas interrumpidas en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificara como un herbicida "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), que forma parte de la OMS, concluyó que la exposición al glifosato podría relacionarse con la generación del linfoma no hodgkiniano, que es un tipo de cáncer del tejido linfático.

Por otra parte, la Corte Constitucional determinó en las sentencias T236, de 2017, y en el Auto 387, de 2019, una serie de requisitos sanitarios y ambientales que deberían cumplirse para retomar este método, que había sido practicado en Colombia desde los años 80. Aunque a partir de 2017 la actividad quedó suspendida, le correspondería al Gobierno acatar las exigencias para retomarla con el visto bueno del CNE.
"El enemigo son los cultivos ilícitos"

El titular de Defensa aseveró que el objetivo de esta medida es "un pasó más" para "combatir el narcotráfico que destruye los ecosistemas naturales y es el principal generador de violencia en el país".

"Toda Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad", pidió Molano, y dijo que esta determinación busca proteger el medio ambiente y la salud de los campesinos.

Frente a las posibles críticas por este anuncio, afirmó: "El enemigo son los cultivos ilícitos, cada minuto que pase genera más violencia".

Del mismo modo, recordó que el objetivo del Ejecutivo es el de reducir el número total de hectáreas de coca con la combinación de varios métodos, entre ellos las 130.000 hectáreas que se esperan erradicar de forma manual este año.

¿Quién tomará la decisión?

El Gobierno afirmó que el Decreto 380 se suma a "otras acciones para combatir los cultivos ilícitos", que incluyen la sustitución voluntaria y la erradicación manual. Esta última ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos porque pone en riesgo la vida de los civiles y de los miembros de los cuerpos de seguridad ante la presencia de minas antipersona y los ataques de los grupos armados.

Si bien el Ejecutivo no puede tomar la determinación unilateral de reactivar las aspersiones, la decisión, según la Corte, queda en manos del CNE, que es señalado de estar integrado por una mayoría afín al mandatario.

En el texto también se explica que los efectos adversos sobre la salud y las quejas serán atendidas por una serie de organismos distintos a quienes están el programa, como lo son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda.

Ya la ANLA dio el visto bueno y modificó el Plan de Manejo Ambiental, donde se incluyeron más medidas y un programa de seguimiento con mayor detales sobre los efectos del glifosato en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos.

¿Qué incluye el decreto?

De aprobarse las fumigaciones aéreas con el herbicida, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

  • Serán excluidas las áreas de los parques nacionales y regionales; los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y manglares; los cuerpos de agua y los centros poblados.
  • Este método propuesto por el Gobierno ha sido llamado de " aspersión por precisión ".
  • El operador será la Policía Nacional , adscrita al Ministerio de Defensa, que desarrollará un programa "totalmente automatizado" que solo se aplica en las zonas donde hay cultivos extensivos e industriales y donde hay presencia de grupos al margen de la ley .
  • Será un programa con seguimiento permanente y evaluación con informes al CNE, que debe pronunciarse si mantiene, modifica o elimina el programa.
  • Se analizará hacer una consulta previa a las comunidades étnicas "cuando la ejecución del programa sea susceptible de afectarlas".

Colombia, EE.UU. y las drogas

Como cortina de fondo de esta decisión hay cifras alarmantes que se han sostenido en el tiempo. Colombia produce 70 % de la cocaína que es consumida en el mundo, por lo que el presidente Duque ha reiterado su compromiso con EE.UU., principal destino de las sustancias ilícitas colombianas, en la "lucha contra las drogas".

Bogotá tiene sobre sus hombros la promesa de reducción de la mitad de los cultivos de coca antes de 2023, lo que implica tener menos de 100.000 hectáreas sembradas. Este año, el Departamento de Estado certificó la labor de Duque en la lucha contras las drogas y destinó 25.000 de dólares para este fin, tras considerar que había cumplido con lo establecido.

En cuanto a los costos, Semana recoge que erradicar una hectárea de cultivos de coca cuesta 4,8 millones de pesos (unos 1.300 dólares) a través de aspersión terrestre; 3,2 millones (873 dólares) con los Grupos Móviles de Erradicación, 3 millones (819 dólares) con la Fuerza Pública y 1,8 millones (491 dólares) con aspersión aérea.

A finales de 2020 una comisión mixta de la Cámara de Representantes estadounidense afirmó que el 'Plan Colombia', suscrito por el país suramericano y EE.UU. hace 20 años, había sido "un fracaso" en el control de la producción y el tráfico de drogas. En el texto se especifica que los distintos gobiernos colombianos habían recibido desde entonces 11.600 millones de dólares para combatir el narcotráfico.
Aluvión de voces en contra

Una vez hecho el anuncio, distintos actores políticos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y ambientales, campesinos y miembros de pueblos indígenas reanudaron el debate que se ha dado en otras oportunidades sobre sus costos humanos (tanto para la salud como para la integridad física) y los daños ambientales que causaría esta decisión en ciernes.

Aunque la solución para acabar con las hectáreas de coca ha sido un dilema no resuelto, entre los argumentos de quienes se oponen al Gobierno se han expuesto alternativas como la legalización de la producción de cocaína, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la atención del Estado de la población más vulnerable.

La Coordinadora departamental de organizaciones ambientales, sociales y campesinas del Caquetá emitió un comunicado en rechazo de la medida y pidió convocar movilizaciones en contra de las fumigaciones. "Nos oponemos a que se envenenen nuestros campos", se afirma en el texto.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana calificó el decreto como un "golpe del Gobierno nacional en contra de la construcción de paz con justicia social y ambiental".

El senador Iván Marulanda, quien llevó a Congreso un proyecto de legalización de la cocaína que se discutió por primera vez este miércoles, también manifestó su rechazo y ratificó su propuesta.

El también congresista Omar Restrepo escribió que 17 países han restringido el uso del herbicida y que "en EE.UU se han recibido 125.000 demandas por cáncer como consecuencia del uso del Roundup, hecho con base en el glifosato".

El senador del partido Comunes, surgido tras el acuerdo de paz entre las extintas FARC y el Estado colombiano, Pablo Catatumbo, manifestó en su cuenta de Twitter que el uso del químico desconoce "la ruta de sustitución voluntaria de cultivos" que tiene como "eje central" resolver las necesidades de las comunidades cultivadoras para sacarlas de las economías ilícitas".

Ya en marzo de este año un grupo de 180 académicos había escrito una carta donde le solicitaban al presidente estadounidense, Joe Biden, que no apoyara la aspersión aérea con el herbicida como lo había hecho su antecesor, Donald Trump, y que el Gobierno de ese país replanteara el enfoque del apoyo al país suramericano en el combate contra las drogas, teniendo como prioridad el tema de la salud pública y el desarrollo rural, como quedó establecido en los acuerdos de paz.


Glifosato, un ‘enemigo’ que los campesinos del Catatumbo quieren impedir

El Decreto 380 marca el regreso de las fumigaciones en el país.

Si bien el Decreto 380 expedido el lunes por el Gobierno Nacional, regulando los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de las erradicaciones de cultivos ilícitos con glifosato, no activa de manera automática la aspersión aérea, este anticipo no fue bien recibido en Norte de Santander y las críticas por las consecuencias que traería esta práctica en la región, no se hicieron esperar.

El malestar es aún mayor, por cuanto el propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sugirió, ayer, que el departamento sería la primera zona del país en reiniciar este proceso, de ser avalado finalmente.

Ese visto bueno recae en el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que tendrá la tarea de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.

En el documento que se conoció por parte del Gobierno se establece que en caso de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS) evidencien impactos o riesgos no contemplados en los instrumentos de evaluación y seguimiento del programa, estas entidades deben revisar y enviar el correspondiente informe al CNE y este a su vez debe pronunciarse, si mantiene, modifica o suspende el programa.  

Junior Maldonado, miembro de la comisión política de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), considera que el Gobierno Nacional no puede pasar por encima de la Corte Constitucional, que puso sobre la mesa tres requerimientos para que las fumigaciones se puedan reiniciar.

“La Corte pidió un estudio científico de salud, de organismos independientes al Estado, sobre las consecuencias del glifosato. Este estudio no se ha dado imparcialmente. El segundo impedimento es el tema de la licencia ambiental; la ANLA y la Policía pretendían hacer este proceso virtual, se presentó una acción de tutela y terminó en la Corte, donde hay unos vicios, porque no se hizo el debido proceso de la participación de la comunidad”, le dijo a La Opinión.

El tercer impedimento, asegura Maldonado, está relacionado con lo que ha dicho la Corte, en el sentido de que se debe priorizar la sustitución de cultivos en municipios que se hayan acogido al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como es el caso de Tibú y Sardinata.

“Los tres impedimentos no se han cumplido. Este decreto no reactiva las fumigaciones de una vez, hay que surtir un proceso jurídico que tiene que pasar por la ANLA, el estudio de salud y se tiene que hacer una revisión de la Corte para poder avanzar”, recalcó.

Por su parte, Olger Pérez Quintero, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), denunció que el Gobierno Nacional quiere actuar en dirección contraria a lo pactado en el Acuerdo de Paz, específicamente en el punto 4.

“Siempre hemos dicho que el campesinado tiene voluntad de generar espacios de diálogo donde se posibilite cambiar los cultivos. Este Gobierno quiere volver a implementar esas fumigaciones que en los años 2000 envenenaron al Catatumbo y esa no fue la solución, lo que hizo fue incrementar el problema”, manifestó Pérez.

Urge tecnificación de cultivos

Luis Serafín Vega, personero de Teorama, expresó su preocupación respecto a las alteraciones del orden público que podría traer la implementación de las fumigaciones aéreas, por lo que considera que esa no es la solución. Resaltó que el camino es la inversión para desarrollar el potencial agropecuario de la zona.

“A los representantes del Gobierno se les ha hecho saber las innumerables consecuencias al erradicar los cultivos ilícitos sin concertar con los campesinos, sin traer solución, ellos mismos (los campesinos) dicen que arrancan los cultivos, pero que el Gobierno traiga inversión. En Bogotá quieren a la fuerza, sin concertar, sin tener una política de inversión”, manifestó.

Vega dijo que el campesinado ha estado alerta a la implementación de las fumigaciones con glifosato desde el 20 de julio de 2020, cuando se ordenó la erradicación terrestre, porque su puesta en funcionamiento traería unas consecuencias incalculables en el Catatumbo.  

“En el 2013 hubo un paro de 52 días; eso es solamente que intenten entrar a la región y en dos días vamos a ver un asentamiento de más de 20.000 campesinos pidiendo una solución. Como personeros, no vamos a permitir violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo.

En sintonía con Vega, la concejala de Tibú, Jackeline Gómez, ve el regreso de la aspersión aérea como una forma de atropellar a los campesinos que, por el incumplimiento del Estado, no han tenido otra opción diferente que los cultivos ilícitos.

“Ellos (Gobierno) no saben la necesidad de la gente. Esto puede generar un daño catastrófico no solamente en Tibú, sino a los municipios vecinos, porque no solamente van a traer las enfermedades a la comunidad, a los niños, a los campesinos, sino que sería en medio de una pandemia que nos ha puesto un reto extra a todos”, expresó.  

Es un golpe contra la construcción de paz: Coccam

En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) también rechazó la aprobación del decreto, denunciando que no se entiende “por qué el Gobierno Nacional insiste en hacer trizas el Acuerdo de Paz y pisotear la confianza de las comunidades”.

“Según informes de la UNODC, el 98% de las familias inscritas en el PNIS ha cumplido con lo pactado, a pesar del incumplimiento del Gobierno que, de 99.097 familias, solo ha atendido a 67.665”, aseguraron en la misiva.

La Coccam señaló que en 2017 fueron 17 los departamentos en los que se firmaron acuerdos colectivos, regionales y municipales de sustitución, “los cuales no fueron valorados efectivamente por el gobierno Santos y han sido perseguidos, estigmatizados y desbaratados por el gobierno de Duque”.

Por su parte, el senador de origen ocañero Antonio Sanguino, aseguró que la política de erradicar con glifosato no ha mostrado resultados en sus aplicaciones en el país, además de que requiere una millonaria inversión.

“Le ha costado al Estado $80 billones entre 2005 y 2014 y no ha servido para nada. Los niveles de resiembra en zonas de fumigación son más altos que las de erradicación voluntaria”, cuestionó.

Fuente
https://www.telesurtv.net/
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