Los días 10, 11, 15 y 16 de mayo del presente año, el Tribunal de Justicia Especial para Paz (JEP) realizarán una audiencia única para escuchar a Salvatore Mancuso. Las declaraciones salpican a políticos, fuerzas armadas, así como a empresas privadas.
Esta Audiencia Única de Verdad, fue efectuada en Montería, donde la JEP dará una última oportunidad al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso para que demuestre que actuó como ‘bisagra’ entre la fuerza pública y los paramilitares.
Mancuso se conectó virtualmente desde un centro de reclusión en Georgia, E.U. para responder el cuestionario de la magistrada Heydi Baldosea, Presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, del Magistrado Pedro Díaz y de la Magistrada María del Pilar Valencia.
La magistrada Baldosea recordó que en la Audiencia Única de Verdad: “Mancuso Gómez debe demostrar judicialmente que su rol no fue el de un simple integrante del grupo paramilitar, sino que actuó en calidad de sujeto incorporado a la fuerza pública”.
"Cuando fui a pedir ayuda y protección al Estado terminé reclutado por el Ejército", dijo Mancuso. Y relató cómo frente a las extorsiones de la guerrilla acudió al mayor Frattini Lobascio quien le pidió su colaboración como guía e informante para poder actuar contra la guerrilla pic.twitter.com/Ei5q35uAnx
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2023
En las declaraciones, Mancuso explicó la forma como conocieron que existía una política del Estado para facilitar la creación de grupos paramilitares. En este trabajo estaban involucradas la Policía Nacional de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército Nacional de Colombia.
Las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señalan que los grupos paramilitares fueron creados gracias al Estado colombiano. Leyes y políticas oficiales permitieron la creación de estos grupos armados, que se fortalecieron gracias a las llamadas Convivir. A esto se sumó la dirección y coordinación de las Fuerzas Militares con el apoyo de empresarios y políticos.
El exparamilitar también explicó que en este esfuerzo se sumaron ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios para facilitar la creación de estos grupos. Detalló también que fue el Ejército quien les dio entrenamiento y formación. Si bien algunos empezaron como guías o personas que les facilitaban información, después aumentaron su trabajo de la mano de las fuerzas armadas.
Los mencionados por Mancuso
El excomandante paramilitar recordó durante la audiencia a Pedro Juan Moreno Gómez: “Pedro Juan Moreno me asesora para crear la Convivir Horizonte Ltda. con uniforme de policía cívica, hacíamos retenes e inteligencia con la policía. Todas las semanas hacíamos reunión en el comando de la policía con el comandante y el subcomandante de la policía”.
Pedro Juan Moreno Villa fue un político, empresario e ingeniero. Fue elegido secretario de gobierno, cuando Álvaro Uribe fue elegido gobernador de Antioquia en 1995, época en la que juntos impulsaron la creación de las Convivir.
Moreno Villa fue uno de los promotores de la primera elección de Uribe para la presidencia. Sin embargo, se distanció de este debido a diferencias con algunas de las personas que trabajaban con Uribe Vélez, como Fabio Echeverri.
Pedro Juan Moreno Villa murió en 2006 en accidente aéreo en la región de Urabá. El 2 de junio de 2010, durante una audiencia pública contra el general (R) Rito Alejo del Río, procesado por sus nexos con paramilitares, desmintió que la muerte de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, haya sido producto de un accidente. Afirmó que él fue asesinado. En 2016, el Fiscal General de la Nación compulsó copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez por la muerte de Pedro Juan Moreno.
Otro de los señalados por Mancuso, fue el exvicepresidente Francisco Santos. Este periodista y político fue vicepresidente durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Mancuso afirmó que Santos le pidió que creara el Bloque Capital para crear un grupo paramilitar en Bogotá.
De igual forma, Francisco Santos usaba su columna en el periódico El Tiempo para justificar y legitimar el accionar de los grupos paramilitares y buscar que la sociedad apoye estos grupos.
Mancuso le dijo a la JEP: “Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó el periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de las autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso”.
En 1997, el periódico El Tiempo pertenecía a la familia Santos, donde trabajaba Francisco Santos. Actualmente, este diario pertenece al multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo.
Aunque el diario El Tiempo publicó la noticia sobre la audiencia en la JEP de Salvatore Mancuso, no hizo ninguna mención a las acusaciones hecha por el excomandante paramilitar. Por su parte, Francisco Santos negó las acusaciones.
Mancuso también responsabilizó al general Iván Ramírez Quintero, quien a pesar de las múltiples acusaciones por paramilitarismo trabajó como asesor del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
De igual forma, fue mencionado Jorge Visbal Martelo, quien dirigió la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). Estuvo en el Congreso colombiano en el gobierno Uribe y embajador de Perú durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Actualmente, se encuentra encarcelado, luego de ser encontrado responsable de concierto para delinquir con los grupos paramilitares.
Empresas multinacionales acusadas
Entre las empresas mencionadas por Mancuso de apoyar a grupos paramilitares aparecen las multinacionales Chiquita, Dole y Del Monte, Drummond: “Cada una de ellas pagó un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaron”.
En 2007, la Chiquita Brands International admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que financió paramilitares y fue obligada a pagar una multa de 25 millones de dólares. La bananera ya no opera en el país. Esta misma empresa antes se llamaba United Fruit Company, la misma que tuvo responsabilidad en la masacre de las bananeras, cometida por los militares en 1928.
La empresa carbonífera estadounidense Drummond, que explota sus yacimientos en el departamento del Cesar, enfrentó un proceso judicial en su país por pagar a un comandante paramilitar para que asesinara a tres líderes sindicalistas. También fue acusada de financiar grupos paramilitares.
Desde 2007, Salvatore Mancuso acusó a las empresas Postobón y Bavaria de financiar grupos paramilitares. Ambas empresas negaron las acusaciones hechas por el excomandante paramilitar.
Mancuso denunció en 2007, que Postobón pagaba unos 7.000 dólares mensuales al cambio de entonces por cada departamento en el que distribuía sus productos, mientras que Bavaria desembolsaba unos 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica.
Postobón hace parte del conglomerado Ardila Lule, dueños de varias empresas como RCN, el equipo de fútbol Atlético Nacional, empresas azucareras, entre otras empresas. Hasta el año 2005, Bavaria perteneció al Grupo Santo Domingo.
Mancuso también confirmó que los paramilitares asesinaron a varias personas y le entregaron a las víctimas al Ejército, los cuales presentaban a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.
En los próximos días continuará en la JEP la audiencia donde Salvatore Mancuso continuará explicando la forma como el paramilitarismo era dirigido y organizado por la fuerza pública, la cual les entregaba información a los paramilitares para cometer crímenes.
JEP envía a la cárcel a Coronel acusado del asesinato de 70 personas
La Jurisdicción Especial para la Paz envió a la cárcel al coronel retirado Publio Hernán Mejía, el cual se encontraba en libertad condicional. Este militar es acusado del asesinato de 70 personas, las cuales fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.
Por incumplir el régimen de condicionalidad, la JEP revocó el beneficio de libertad y expidió orden de captura contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía.
La JEP informó en el día de hoy que el coronel (r) Publio Hernán Mejía incumplió las garantías de no repetición y revictimización con las que se comprometió cuando se sometió a la JEP. Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, tras resolver el incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.
El tribunal decidió revocar el beneficio de libertad otorgado y ordenar la captura del alto oficial retirado del ejército. Publio Hernán Mejía es acusado por antiguos soldados profesionales de tener vínculos con paramilitares y de ordenar el asesinato de personas para luego presentarlas como guerrilleros dados de baja en combate.
El coronel (r) Publio Hernán Mejía se encontraba en libertad después que la JEP autorizó la libertad transitoria, condicionada y anticipada en 2017.
La decisión fue tomada luego de comprobar que las expresiones utilizadas por el compareciente, en redes sociales, violaron el compromiso de garantías de no repetición.
La JEP le imputó a Mejía Gutiérrez crímenes de guerra y lesa humanidad, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes de Estado. Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, fue hallado máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Tras decidir no reconocer responsabilidad, el proceso del Coronel (r) fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación.
Según la JEP, expresiones y afirmaciones públicas hechas por Mejía Gutiérrez durante las protestas sociales en 2021 van en contravía del deber que los comparecientes adquieren de asumir la defensa de una cultura de paz, inclusive en escenarios de contienda política.
La JEP analizó 26 vídeos publicados en el canal de YouTube’ Primero la Patria’ y encontró que en cuatro de ellos se presenta una afectación directa al régimen de condicionalidad, lesionando gravemente los derechos y garantías de las víctimas.
El Tribunal determinó que el coronel estigmatizó, amenazó, lanzó expresiones de odio, incitó a la violencia, negó la democracia y revictimizó los derechos de las víctimas. También, presentó la confrontación armada como única salida al conflicto armado. “No se trata, pues, de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluyen más grave aún a víctimas ante la JEP y a sus representantes”, señaló la JEP.
En días pasados, el excoronel Publio Hernán Mejía, el exgeneral Iván Ramírez Quintero y el excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez fueron sancionados por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
Según el gobierno estadounidense, los exmilitares fueron sancionados “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”, por lo que ni los exoficiales ni sus familias podrán entrar a territorio norteamericano.
La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó que el coronel Mejía sea arrestado y remitido a un lugar de reclusión en donde deberá cumplir la sentencia impuesta por concierto para delinquir agravado.